Tras una visita realizada por el Ministerio Público, se verificó el grave hacinamiento en el que viven las personas recluidas en la sala de detención de la Unidad de Reacción Inmediata, URI.
El lugar está acondicionado para recluir un máximo de 20 personas, no obstante, en la URI conviven cerca de 65 detenidos en condiciones que, de acuerdo al personero municipal, Andrés René Chávez, vulneran sus derechos.
De acuerdo con el informe del personero, los sindicados que residen en la sala de detención presentan problemas de salubridad y convivencia. Además, no se garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales para un apropiado estudio y desarrollo de la situación jurídica de los mismos.
Igualmente, se evidenció la ausencia de camas, colchonetas y baños para las personas que residen en el lugar, obligándolos a realizar sus necesidades fisiológicas en baldes, lo que ocasiona infecciones en algunos de estos recluidos.
Además, la personería municipal informó que las condiciones de seguridad no son confiables, pues se han asignado solo cinco miembros de la policía para vigilar el lugar y a los que residen allí.
Por tales razones, esta entidad visitó el centro penitenciario y carcelario de mediana y alta seguridad de Popayán con el fin de trasladar a los recluidos con orden de captura; pero en el lugar también se presenta la misma problemática, pues cuenta con la capacidad de recibir 328 internos y actualmente alberga un total de 2892.
Sobre la problemática, Chávez manifestó a los medios de comunicación que la Administración Municipal es responsable de los capturados y sindicados y, por lo tanto, debe encontrar soluciones de manera urgente para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y Fundamentales de las personas que actualmente se encuentran en la Unidad de Retención Inmediata.
