Las operaciones en el Muelle 13 de Buenaventura continuarán suspendidas. Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en firme la medida impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
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El Grupo Portuario S.A., empresa encargada de la administración del puerto, intentó revertir la decisión mediante una tutela, pero la justicia negó su solicitud.
¿Por qué se ordenó el cierre del muelle?
Todo comenzó el pasado 2 de enero, cuando la Anla ordenó la suspensión de las actividades en el Muelle 13. Según el organismo, se encontraron deficiencias en el Plan de Manejo Ambiental que impiden evaluar con certeza los riesgos y afectaciones generadas por la operación portuaria.
La medida se basó en la Resolución No. 297 del 9 de abril de 2002, emitida por el Ministerio de Ambiente, en la que se establecen las directrices para la protección del ecosistema en la zona.
En respuesta a la decisión, el Grupo Portuario S.A. presentó una tutela ante el Juzgado 7° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. La empresa argumentó que la Anla no tenía competencia para restringir sus operaciones. Sin embargo, el juzgado rechazó la solicitud, indicando que existían otros mecanismos legales para impugnar la medida.
Ante la negativa, la compañía apeló el fallo, llevando el caso al Tribunal Superior de Bogotá, que finalmente confirmó la decisión del juzgado y reafirmó que el camino adecuado para el reclamo era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la justicia contenciosa administrativa.
Procuraduría pide levantar la restricción
En medio del proceso, la Procuraduría General de la Nación intervino y solicitó que se levantaran las medidas impuestas por la Anla. En un informe de siete páginas dirigido al director de la entidad, Rodrigo Elías Negrete, el Ministerio Público detalló los resultados de una visita técnica realizada los días 23 y 24 de enero.
Según el ente de control, no hay argumentos suficientes para mantener la suspensión. Además, señaló que la Anla no consideró ni valoró todos los antecedentes administrativos del caso y que no existía un motivo urgente o razonable para paralizar completamente las actividades del muelle.
Por otro lado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado respaldó la decisión de la Anla, asegurando que las medidas adoptadas estaban fundamentadas en los hallazgos técnicos y en la normatividad ambiental vigente.
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César Palomino Cortés, director general de la Agencia, afirmó que el fallo garantiza la protección del ecosistema en el Muelle 13, con especial énfasis en el manglar, un área clave para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
Por ahora, la suspensión de actividades en el Muelle 13 se mantiene, mientras las autoridades ambientales y judiciales continúan evaluando la situación y su impacto en la zona portuaria.
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