El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda de $41.654 millones con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). Una filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La medida fue tomada ante el incumplimiento del pago de subsidios a la energía de los estratos 1, 2 y 3, acumulando además intereses moratorios por $5.258 millones.
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¿Qué es EPM y por qué demandó al Gobierno?
Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una de las compañías de servicios públicos más grandes de Colombia, con presencia en los sectores de energía, gas, acueducto y alcantarillado. Fue fundada en 1995 y es propiedad del municipio de Medellín. La empresa opera en diversas regiones del país y en el extranjero, garantizando el acceso a servicios esenciales a millones de personas.
A través de su filial CENS, EPM brinda el servicio de energía en Norte de Santander y otras zonas del país. Como parte de su operación, la empresa recibe pagos del Gobierno Nacional por los subsidios que otorga a los hogares con recursos limitados. Sin embargo, el incumplimiento en el giro de estos recursos llevó a la compañía a interponer una demanda para exigir el pago de la deuda acumulada.
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Pronunciamiento del Gobierno y autoridades involucradas
El presidente Gustavo Petro calificó el embargo como una acción política en su contra y acusó al uribismo de intentar desestabilizar su administración.
“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que, además, los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política”.
Declaró Petro en el Concejo de Ministros el lunes pasado.
Además, cuestionó la decisión de EPM, asegurando que no beneficia ni a Medellín ni a Antioquia:
“No va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”.
Recalcó el mandatario.
El presidente también destacó que la Nación ha respaldado a EPM en diversas ocasiones y expresó su inconformidad con la decisión de la empresa de embargar las cuentas del Estado. Ante esta situación, ordenó a su equipo de gobierno, incluida la directora del DAPRE, Angie Lizeth Rodríguez, y al ministro de Minas y energía, Edwin Palma, tomar medidas urgentes para solucionar el problema sin demora.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial y criticó la falta de gestión del Gobierno Nacional. Esto, por incumplir con sus obligaciones financieras, ni solucionar el problema.
“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”
Afirmó Gutiérrez a través de su cuenta de X.
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