Un paro armado de 72 horas, promovido por el ELN obligó al confinamiento y desplazamiento de 2.893 personas en zona norte rural del Alto Baudó, en el Chocó.
Debido a la situación, que vulnera y agrava los derechos humanos y fundamentales de los afectados, la Defensoría del Pueblo solicitó la realización de un comité extraordinario de justicia transicional; con el fin de que les den apoyo a quienes ven vulnerados sus derechos.
“A través de nuestra Regional Chocó hicimos la debida solicitud, que fue atendida por la Alcaldía del Alto Baudó. Necesitamos que los entes competentes implementen con carácter urgente planes para atender a las comunidades afectadas no solo por el paro armado del ELN, sino por combates entre ese grupo guerrillero y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
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Son 19 comunidades las que se vieron en la obligación de confinarse: Puerto Palacios, Puerto Tomás, Puerto Indio, Villa Nueva, Peña Alta, Puerto Ángel, Tambo, Pureza, Santa Rita, Jangadó, San Francisco de Cugucho, entre otros centros poblados.
Además, la comunidad de Mojaudó (154 personas que integran 39 núcleos familiares), tuvo que desplazarse hasta el sitio conocido como Chachajó; debido a la confrontación armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas (Clan deñ Golfo).
“No pueden utilizar el río Baudó, ni los acostumbrados afluentes, para llegar hasta sus cultivos; prácticamente su único medio de sustento. Esta es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales”.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
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Este nuevo paro armado del ELN, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, es el sexto que 'decreta' en el departamento durante este 2023.
Además de las afectaciones originadas por otros grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, ha desencadenado cuatro eventos de confinamientos masivos; también, algunos desplazamientos colectivos en el Pacífico Sur, una de las cinco subregiones del Chocó.
“Lo que está sucediendo en el Alto Baudó, lo advertimos con nuestras Alertas Tempranas 041 del 2019, 018 del 2020 y 034 del 2022. Además, este año hemos emitido 25 oficios de prevención, protección y asistencia para esa amplia zona, en el sur del departamento. Necesitamos que las autoridades nacionales, departamentales y locales atiendan lo que ahora mismo está sucediendo. Las comunidades no pueden seguir viendo vulnerados sus derechos por la no atención y respuestas tardías de las instituciones públicas”.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
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