El pasado 10 de septiembre, primera fecha en la que se aplazó la audiencia, el ente acusador puso sobre la mesa todo el material probatorio recolectado en las investigaciones realizadas previamente; las cuales demostrarían la culpabilidad del coronel en el caso de ejecuciones extrajudiciales, que saldó la vida de los tres jóvenes en Chocó, Sucre.
En la nueva audiencia, realizada el lunes 12 de septiembre, la procuradora delegada Beatríz Gómez, y los abogados defensores de las víctimas, expusieron sus argumentos a la Fiscalía y el juez delegado; quienes exigieron medida de aseguramiento al coronel.
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En un primer momento, la procuradora expuso las pruebas presentadas por la Fiscalía para dar conocimiento de cómo; cuándo y en dónde sucedieron los hechos, denominados por la funcionaria como “despreciables, viles y reprochables, que manchan la imagen de la Policía Nacional”.
Por su parte, el abogado penalista Aníbal Garay, defensa de una de las víctimas, expuso la necesidad de imponer medida de aseguramiento intramural ratificando que Núñez es considerado como un peligro para la sociedad; por lo que dejarlo en libertad se traduciría a una obstrucción al debido proceso; pues se demostró que cuenta con la capacidad económica y el apoyo de su familia para evadir a la justicia.
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Abogados de las víctimas piden su traslado a cárcel de máxima seguridad
Además, Garay resaltó ante el juez delegado, algunas denuncias de abuso de autoridad por parte de Núñez, aclarando que estas no representarían ninguna retaliación; pues reposan en el despacho del abogado penalista, antes de la acusación por el triple homicidio.
Ambos abogados de las víctimas, concordaron en que el coronel Núñez debe ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, y condenado a 50 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
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El coronel no representa ningún peligro para la sociedad: Abogado defensor
No obstante, la defensa de Núñez, el abogado Sergio Ramírez, apeló los argumentos expuestos por la defensa de las víctimas; asegurando que el coronel no representa ningún peligro para la sociedad, partiendo en que se encuentra apartado de su cargo, por lo que no cuenta con ningún tipo de arma.
Igualmente, expuso que su defendido ha sido blanco de amenazas de muerte y que Núñez teme por su vida, añadiendo la situación actual de violencia por la que atraviesa la institución; como el plan pistola, ejecutado por el Clan del Golfo.
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Tras estas razones, la defensa del coronel hizo la petición al juez para que no imponga medida de aseguramiento de carácter intramural; de ser así, sea bajo las siguientes peticiones: que la pena sea en una cárcel para miembros de la fuerza pública, resaltando que la Corte Constitucional bajo sentencia es enfática en aclarar qué servidores públicos deberán pagar su condena en centros de detención exclusivos; garantizando la protección del condenado.
Por último, el juez tomó la decisión de aplazar la audiencia por tercera vez, para el día miércoles 14 de septiembre, pues tomó más de seis horas escuchar a las partes involucradas; y manifestó que para tomar una decisión se debe contar con un tiempo determinado.
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