Colombia

¿Qué implicaciones políticas tiene la decisión contra Álvaro Uribe Vélez?

Una profundización de la polarización política, radicalización de los extremos, poco juego para políticos de centro y una encrucijada para el gobierno es el panorama que se prevé en el inmediato futuro, luego de que la Corte Suprema ordenara medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Velez. Análisis

¿Qué implicaciones políticas tiene la decisión contra Álvaro Uribe Vélez?

Una profundización de la polarización política, radicalización de los extremos, poco juego para políticos de centro y una encrucijada para el gobierno es el panorama que se prevé en el inmediato futuro, luego de que la Corte Suprema ordenara medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Velez. Análisis

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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictaminar medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, abrió una controversia de gigantescas proporciones en el país, no solo por la importancia de la figura que simboliza Uribe sino por los niveles de polarización política en que se encuentra Colombia.

Y es que esta decisión, que muchos no creían que podía llegar, tiene implicaciones históricas ya que es la primera vez que se ordena una decisión judicial de estas características en contra de un expresidente de la República.

Para los magistrados fue necesario dictar una orden de captura para garantizar la comparecencia de Uribe en el proceso. Luego de legalizar este proceso y determinar el lugar de reclusión (que será su residencia) comenzará un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción deberá determinar si precluye la investigación o llama a juicio al expresidente Uribe.

Al líder del Centro Democrático lo tienen en jaque dos exparamilitares, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Juan Guillermo Monsalve, además de su abogado Diego Cadena, quien le habría pagado a los exmilitantes de las AUC, para cambiar los testimonios que entregarían en el alto tribunal.

Monsalve ha asegurado que en la hacienda ‘Guacharacas’, que era propiedad de los hermanos Uribe Vélez, se fraguaron masacres y se constituyó un grupo de autodefensas del que él hizo parte.

El exparamilitar, quien ha pasado por las principales cárceles de máxima seguridad del país, fue contactado por el senador Cepeda en septiembre de 2011, esto con el fin de demostrar ante el Congreso la responsabilidad del senador Uribe Vélez en varios actos criminales. Según ha trascendido, en su relato al senador Cepeda, Monsalve aseguró que entre muchos otros miembros del Bloque Metro estaba Luis Villegas, quien sería su jefe, Santiago Uribe, y “Álvaro Uribe que coordinaba lo que era lo militar”.

Por el momento, este caso por presunta manipulación de testigos es el único de los más de 14 procesos que tiene Álvaro Uribe en la Corte Suprema que avanza a una etapa en la que se define su situación jurídica, pues las otras investigaciones se encuentran en una etapa preliminar.

¿Pero qué implicaciones políticas, sociales y jurídicas tiene esta decisión? ¿Qué efectos tendrá esta decisión para el próximo debate presidencial? El Noticiero 90 Minutos habló con varios expertos para analizar las implicaciones de este hecho histórico que implica a uno de los expresidente más populares y controvertidos en la historia de Colombia.

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Profundización de la polarización

Para Nicolás Liendo, politólogo y hasta hace dos semanas decano de ciencias políticas de la Universidad Sergio Arboleda, lo que se viene después de esta decisión es una profundización de la polarización ya existente en el país y ese clima se irá acrecentando en la medida en que se acerque la fecha de las próximas elecciones presidenciales. “Se abrirá una gran polarización de dos bloques, derecha e izquierda, y esto hará que los intermedios se pierdan, los grises no se valorarán en este momento. Esto puede ser muy perjudicial para la política, el proceso de paz y para la propia gobernabilidad del país”, alertó el experto.

Para Linde lo expuesto también demuestra la politización de la justicia, una rama que ha perdido mucha credibilidad en el país y cuyas cortes se han visto envueltas en escándalos, como el cartel de las togas. “Ciertamente me parece que puede haber mucho de politización detrás de esta sentencia, que puede parecer apresurada. El expresidente Uribe no se fue del país, siempre ha respondido a la justica, el juicio no está avanzando, parece apresurado por lo menos el uso de la detención cuando otras personas en casos similares no operaron de igual manera”.

Por el contrario, la analista política de la Universidad Icesi, Luciana Manfredi, enfatiza que es necesario derribar la tesis de que se trata de una decisión política de la Corte, como muchos quieren demostrar, sino que por el contrario es una decisión judicial que se ha amparado en investigaciones y confrontaciones con testigos. “Vivimos en una democracia y debemos creer en la justicia, es difícil decir esto en países como los nuestros donde la justicia ha sido tan manipulada, tan bastardiada, pero si es importante tomarlo con calma y permitir que la justicia opere”.

Para la experta, lo verdaderamente importante no es solo acatar la decisión de la justicia, sino que como ciudadanos entendamos que se trata de una decisión de esta rama y es necesario esperar el pronunciamiento final de la Corte Suprema. “Es importante como hecho histórico y es importante para la democracia que las instituciones demuestren que están funcionando”.

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Impacto en la opinión pública

La también docente y experta en análisis político, María Alejandra Arboleda, la decisión tomada por la Corte tendrá un impacto muy fuerte sobre el plano político del país y, por supuesto, en las percepciones de la opinión pública. La profesional lamenta que el escenario tenderá a radicalizarse, el debate político se degenerará porque será aún más emocional que el que se está viviendo en la actualidad. “Esta decisión le da un caballito de batalla al Centro Democrático, sin duda la reforma a la justicia será eje central para ese partido en las elecciones del 2022”.

Para la docente esto tiene efectos también complejos para el actual presidente, que llegó al poder aupado sobre los hombros del senador Uribe.  Iván Duque, sostiene la analista, queda en una posición muy incómoda: por un lado, su jefe y padrino político en un complejo lío judicial y por el otro, el respeto que le debe a las otras ramas del poder público. “Hay que esperar cómo se desenvuelve todo, pero el anuncio de hoy tiene un alto impacto en el ámbito político y en la propia agenda pública del país”.

Por su parte, Santiago Londoño, también politólogo, asegura que, lo que se viene para el país no es nada fácil. Por un lado, una profundización de la polarización política y una arremetida contra las cortes, lo que hará que se exacerbe el debate político. Sin embargo, Londoño cree que, paradójicamente, el tema de la pandemia hará que la movilización en calles sea muy reducida y gran parte del debate se hará por redes sociales. “De todas formas toca esperar que se adelante el juicio y que se conozcan las pruebas que la Corte tiene, pero sobre todo la pandemia del Covid-19 va a disminuir mucho el impacto en las calles, pero el debate político sí será extremo. La Alta Corte debe tener pruebas muy contundentes para haber tomado esta decisión porque sin duda lo que vendrá ahora será un ataque para cambiar las cortes, hacer reformas judiciales y eso claramente tendrá una resonancia política muy grande”, indicó el experto.

Mientras tanto, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que esta decisión de la Corte puede ser una oportunidad para que el expresidente Uribe “acepte, como todo el mundo, que en una guerra irregular se cometen muchos errores, cosas que no están en el derecho internacional ni nacional. Uribe tendría un recurso y es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, allí no tendría que pagar cárcel si confiesa todas esas cosas que han ocurrido y en vez de poner al país en esta situación, puede enviar un mensaje muy importante de reconciliación”.

Por su parte, Ariel Ávila, docente y subdirector de esta misma fundación, resume la actual situación en tres aspectos: respeto al estado de derecho, respeto a las decisiones judicial y el acatamiento de la ley. Y nadie puede estar por encima de la justicia.

“Pido a la gente que tengamos mucho respeto por la justicia y no hagamos presiones indebidas. Ese cuento de que el país se va a incendiar si condenan a Uribe, que la violencia va a aumentar, no es de buen recibo. Aquí se tiene que fallar en derecho y no puede haber presiones indebidas a la justica”, enfatizó Ávila.

En lo que coinciden los analistas es que esta decisión de la Corte tendrá un impacto que aún no se puede medir en las próximas elecciones y lo que nadie se atreve a garantizar es si esta jugada sacará definitivamente del ring político al expresidente Uribe o si, por el contrario, lo revitalizará y será la oportunidad de su partido para recuperar el terreno que ha venido perdiendo.

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Gobierno estudiará directriz de la Fiscalía sobre protesta social

El Gobierno revisará una directiva emitida por la Fiscalía sobre cómo manejar las manifestaciones en el país

Gobierno estudiará directriz de la Fiscalía sobre protesta social
EFE/Mauricio Dueñas

El Gobierno revisará una directiva emitida por la Fiscalía sobre cómo manejar las manifestaciones en el país

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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que esta directiva no define cómo debe actuar la Policía ni el Gobierno, y que revisará la directriz sobre como manejar la protesta social en el país.

Cristo informó que este lunes 16 de septiembre, en medio de una entrevista con W Radio, se reunirán representantes del Gobierno para analizar la directiva emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, la cual está dirigida a los fiscales en relación con el manejo de las manifestaciones.

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Además, aclaró que esta directriz es solo una guía para los fiscales y no establece el comportamiento de la Policía o del Gobierno. Por ello, indicó que se revisará para determinar si el Gobierno tiene alguna obligación al respecto, pero recalcó que no afecta a otras autoridades.

“Básicamente, es una orientación que da la Fiscalía a sus fiscales y no determina cómo debe actuar la Policía o el propio Gobierno”.

Señaló el Ministro

El Ministro también subrayó que la proporcionalidad y el equilibrio son fundamentales para quienes desean manifestarse y para proteger los derechos de los demás. De igual forma, expresó su preocupación por la creciente radicalización en el país, que pone en duda las decisiones de las autoridades, lo cual, según él, perjudica el funcionamiento de la democracia.

Finalmente, Cristo reiteró que las protestas no deben afectar los derechos de la mayoría, como la educación y la salud, y que siempre se buscará una respuesta pacífica, como se ha hecho en situaciones recientes.

¿En qué consiste la directriz de la Fiscalía General sobre la protesta social?

La nueva directriz, firmada el pasado 10 de septiembre de 2024, busca equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener el orden público.

Según la fiscal general Camargo, el objetivo es asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin violaciones a la ley, al mismo tiempo que se evita la criminalización de la protesta legítima.

En entrevista para 90 minutos abogados en derecho penal señalaron que, las nuevas directrices reafirman el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero aclaran que cualquier acto delictivo, como vandalismo o saqueos, será investigado y judicializado de manera rigurosa.

"La directriz no pretende debilitar a la fuerza pública. Más bien, busca asegurar que los delitos sean tratados con la seriedad que requieren, sin afectar el derecho a manifestarse pacíficamente"

Raimundo Tello, Especialista en Derecho Penal

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“La vamos a atacar y no la acataremos”: abogado de Petro sobre decisión del CNE

El Consejo Nacional Electoral investigará a Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022.

“La vamos a atacar y no la acataremos”: abogado de Petro sobre decisión del CNE
EFE/ Presidencia de Colombia /

El Consejo Nacional Electoral investigará a Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022.

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En la mañana de este lunes, el abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, anunció en el programa Mañanas Blu, que no reconocerán la decisión que adoptó el Consejo Nacional Electoral sobre una posible imputación de cargos por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Petro en el 2022.

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Teniendo en cuenta que alrededor de las 11 de la mañana, en la sede del Consejo Electoral, se llevará cabo la sección con 9 magistrados que deberán analizar este caso, el abogado de Petro manifestó que fue dirigido un escrito a la entidad para frenar el proceso.

“Ese escrito se lo trasladamos al mismo Consejo Nacional Electoral para que el día de hoy se abstenga de seguir adelante con esa actuación y fundado en esa decisión, hasta que no se resuelva la nulidad que le hemos planteado al Consejo de Estado”.

Mencionó el abogado de Gustavo Petro.

Por el contrario, el Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado emitido el pasado sábado, destacó que su accionar ha sido reafirmado por recientes decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, “que lo ratifican como incuestionables”. También, se respetaría el fuero presidencial.

Sin embargo, para Carvajal las acciones del CNE habrían violado este fuero, ya que dicha institución no tendría competencia para investigar a Petro.

“No tiene ninguna autoría de ese comunicado, no lo firma la presidenta, no lo firman los magistrados, aparece como un comunicado escueto a la comunidad pública por parte de esa corporación. Entonces nosotros tenemos muchas dudas de que el Consejo Nacional Electoral vaya a hacer caso a lo que está diciendo en ese comunicado”

Dijo Carvajal.

Además, durante la entrevista expresó que “nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”.

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Periodista: ¿Usted considera que es un buen mensaje que el Presidente de la República desconozca una decisión de una institución que está creada por la constitución y la ley?

“El mismo Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha dicho las decisiones judiciales fundadas en la ilegalidad y violatorias de la Constitución que no tienen fuerza vinculante".

*¿Cualquier decisión que salga de este Consejo Electoral, lo que usted está anunciando, es no será reconocida?

“Siempre que vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida”.

*¿Qué significa que no será reconocida?

“Pues que la atacaremos por todos los medios y no la acataremos ante el Consejo Nacional Electoral a presentar unos descargos porque no nos corresponde”.

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Gobierno colombiano radicó nueva reforma de salud: Conozca algunos puntos importantes

Después de que se hundiera la reforma de salud en abril del 2024, el Ministerio de Salud presentó un nuevo texto.

Gobierno colombiano radicó nueva reforma de salud: Conozca algunos puntos importantes
FUENTE: EFE/ Ministerio de Salud

Después de que se hundiera la reforma de salud en abril del 2024, el Ministerio de Salud presentó un nuevo texto.

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El Gobierno colombiano radicó este viernes en el Congreso para su aprobación un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud, después de que en la legislatura pasada, en abril de este año, se hundiera la anterior.

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Sin anuncio previo, el Ministerio de Salud presentó al Congreso el nuevo texto que pretende garantizar "que todos los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad".

"Queremos construir una salud sin barreras, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad".

Afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, citado en un comunicado.

La nueva reforma

Según lo detallado por el Ministerio, el nuevo texto quiere eliminar barreras económicas, geográficas y administrativas. Todo eso con el fin de acceder a servicios de salud, ofreciendo una red articulada de hospitales y clínicas.

También pretende que se extienda los servicios a zonas rurales y promocione la formación de los profesionales de salud, así como simplifique los trámites.

Como en la anterior reforma, pretende dar más poder a la Administradora de los Recursos de Salud (Adres). Esta entidad pública es la que se encarga de girar los recursos a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) privadas que es a la que están abonadas la ciudadanía para recibir la atención sanitaria.

Por ello, la Adres será el pagador único y quien cancele a hospitales y clínicas (en vez de las EPS), en un nuevo sistema de salud.

Además, busca enfocarse en la atención de prevención, con mayor capacitación de los profesionales de la salud y apostando por Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial.

"Estarán en primera línea, brindando atención cercana a las comunidades, reduciendo inequidades y respondiendo eficazmente a las necesidades locales".

Comentó el Ministro Jaramillo.

Hundimiento de la reforma

A pesar de las similitudes con el texto que se hundió en abril por iniciativa de la oposición, el ministro de Salud se mostró confiado en su tramitación.

"Este proyecto de ley refleja un proceso de consenso amplio. Hemos tomado en cuenta y abordado las observaciones de todas las partes involucradas para lograr una reforma integral y efectiva".

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La polémica reforma anterior, que suscitó críticas de amplios sectores, incluidas las EPS y gremios sanitarios, se hundió en una de sus fases más preliminares de tramitación. Esto ocurrió cuándo nueve congresistas de la Comisión Séptima del Senado votaron una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa.

La reforma hundida había sido aprobada a finales del año pasado por la Cámara de Representantes. Además, pasó a debates en el Senado a pesar de las numerosas críticas hechas al proyecto por asociaciones médicas y de pacientes.

Actualmente, el sistema sanitario colombiano está en crisis, pues la mayoría de EPS privadas se encuentran intervenidas por el Gobierno.

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