Recibir una multa de tránsito no significa que el conductor acepte inmediatamente la sanción, en Colombia se permite que la ciudadanía ejerza su derecho a la controversia cuando consideran que un comparendo es incorrecto o injusto.

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En ese sentido, en 90 Minutos te explicamos cómo realizar este procedimiento y cuáles son los plazos que debes tener en cuenta.

Este procedimiento busca garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos y permite que un inspector de tránsito en su municipio o distrito evalúe las circunstancias de cada caso antes de emitir una decisión definitiva.

En suma, debe tener en cuenta los plazos establecidos por la ley.

Si se trata de un comparendo físico impuesto por un agente de tránsito en la vía, el conductor cuenta con cinco días hábiles siguientes a la imposición para iniciar el proceso de impugnación.

Por su parte, cuando la sanción corresponde a una fotomulta o infracción electrónica, el plazo es de once días hábiles contados desde la notificación, ya sea de manera personal o mediante aviso.

Tenga claro que si supera estos tiempos, puede significar la pérdida del derecho a controvertir la sanción.

Reunir pruebas y solicitar la audiencia en el uso de su derecho a la controversia

Una vez conocido el comparendo, el conductor debe obtener una copia del documento y recopilar todas las evidencias que respalden su versión de los hechos.

Entre las pruebas que pueden presentarse se encuentran fotografías del lugar, videos captados por cámaras de seguridad o dispositivos instalados en el vehículo, testimonios de testigos y cualquier documento que permita demostrar que la infracción no ocurrió o fue registrada de manera incorrecta.

Posteriormente, el ciudadano deberá solicitar una audiencia de impugnación ante la Secretaría de Tránsito correspondiente.

Actualmente, este trámite puede realizarse de forma presencial o virtual, dependiendo de las herramientas habilitadas por cada entidad. Ciudades como Cali y Bogotá cuentan con plataformas digitales que facilitan este proceso.

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Llegada la fecha programada, el conductor deberá asistir a la audiencia, ya sea presencialmente o mediante conexión virtual.

Durante la diligencia tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos, presentar las pruebas recopiladas y responder a las observaciones de la autoridad de tránsito.

Es importante asistir puntualmente, ya que la inasistencia puede generar la pérdida automática del caso y la obligación de asumir el pago total de la sanción.

Espere al fallo del inspector de tránsito en su municipio o distrito

Por su parte, el inspector de tránsito analizará las pruebas y emitirá un fallo.

Si la decisión es absolutoria, la multa quedará anulada y el proceso terminará sin sanción para el conductor.

Por otro lado, si el fallo es sancionatorio, la persona deberá pagar la multa en su totalidad.

Además, quienes decidan impugnar la multa deben tener presente que, en caso de recibir un fallo sancionatorio, perderán el beneficio de los descuentos por pronto pago del 50% contemplados en la normativa vigente.

Finalmente, antes de iniciar el proceso, resulta fundamental evaluar las pruebas con las que disponga y conocer cada una de las etapas del procedimiento para ejercer adecuadamente su derecho a la controversia en Colombia.

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Recientemente la Secretaría de Movilidad de Cali recordó los límites de velocidad permitidos dentro de las zonas urbanas, siendo aplicable no solo a la capital vallecaucana, sino a la mayoría de ciudades en el país. Igualmente, es importante recordar que, estos lineamientos son dictados de manera nacional, pero cada Administración local puede tener variaciones a la norma dependiendo de la necesidad.

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Asimismo, cabe aclarar que desde la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Juan Esteban, la cual reformó el Artículo 106 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), se terminó expresamente que:

Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías urbanas, la velocidad máxima permitida será de cincuenta (50) kilómetros por hora.

Igualmente, se señala que:

“En zonas residenciales, escolares, hospitalarias y en intersecciones, la velocidad máxima será de treinta (30) kilómetros por hora”.

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Variaciones dentro de cada una de las zonas delimitadas

Asimismo, la ley dispone que las autoridades de tránsito podrán establecer límites inferiores, cuando las condiciones técnicas o de seguridad lo requieran. Por ejemplo, la modificación legal busca reducir la siniestralidad vial y proteger a los actores más vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.

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Justamente, existen las denominadas ‘zonas 30’, siendo espacios diferenciales y especiales donde las personas deben reducir la velocidad:

• Áreas hospitalarias
• Zonas militares
• Residencias o colegios.

Ahora bien, diversos estudios demuestran que disminuir la velocidad reduce significativamente la probabilidad de lesiones graves o fatales en caso de un siniestro. 

¿Por qué se llama la ley Juan Esteban?

Cabe aclarar que esta Ley nombrada así en honor al pequeño ciclista que perdió la vida arrollado por un vehículo, en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).

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