La administración del presidente Donald Trump ha implementado una pausa en el proceso de ciertas solicitudes de residencia permanente, conocidas como "green cards", como parte de su estrategia para intensificar las políticas de inmigración.
Ahora bien, esta medida se centra principalmente en refugiados y asilados, afectando a aquellos que ya habían sido aprobados para recibir este estatus. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha indicado que esta suspensión es esencial para llevar a cabo revisiones más exhaustivas que permitan identificar posibles fraudes y evaluar riesgos para la seguridad nacional.
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Durante la administración anterior del presidente Joe Biden, se observó un incremento significativo en la naturalización de ciudadanos, con aproximadamente 2.6 millones de nuevos ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, con el retorno de Trump al poder, las políticas de inmigración han experimentado un endurecimiento notable. Además de la pausa en el procesamiento de ciertas "green cards" en Estados Unidos, el gobierno ha procedido a cancelar visas y estatus legales de inmigrantes provenientes de países como:
- Cuba
- Venezuela
- Nicaragua
- Haití.
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Asimismo, se han finalizado contratos con organizaciones no gubernamentales y despachos legales que brindaban asistencia a menores no acompañados.


¿Qué decisiones modifican la ‘green card’ en Estados Unidos?
En paralelo, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha iniciado visitas a países como El Salvador, Colombia y México.
Ahora bien, el objetivo de estas visitas es reforzar la política de mano dura contra la migración indocumentada. En El Salvador, Noem tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, considerado un símbolo de la política migratoria actual.
En Colombia, se reunirá con altos funcionarios, incluido el presidente Gustavo Petro, para discutir temas relacionados con el narcotráfico y la migración.
Estas acciones reflejan un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos, generando incertidumbre entre los inmigrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ya que recientemente el TPS fue sometido a reevaluación puesto que, para el gobierno de Donald Trump, existen inconsistencias.


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