La minería ilegal en Cali continúa siendo una de las principales amenazas para los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Esta práctica, que se ha intensificado en los últimos años, no solo destruye la fauna y flora de zonas protegidas, sino que también genera graves riesgos para la salud humana debido al uso indiscriminado de sustancias químicas como el mercurio.
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De acuerdo con reportes recientes, más de 1.000 hectáreas en los Farallones de Cali ya han sido afectadas por la explotación ilegal de oro. El impacto no se limita a la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Según Julia Urrunaga, representante de una ONG internacional de investigación ambiental, el problema tiene efectos directos sobre la alimentación y la salud:
“Todo el impacto alrededor, porque el mercurio después de ser utilizado para extraer el oro, ese mercurio termina en el agua, esa agua es donde están los peces, que luego nosotros nos comemos, que además se venden en diferentes partes del país, no solamente en las zonas mineras”.
Además, Urrunaga señaló que esta actividad está estrechamente relacionada con redes de crimen organizado, lo que la convierte en una problemática no solo ambiental, sino también social y de seguridad.
Recuperación y retos políticos de la minería ilegal en Cali
La magnitud del daño causado por la minería ilegal es tal que la recuperación ambiental podría tardar más de dos décadas, según estimaciones técnicas. Esto ha llevado a que organismos internacionales reiteren su llamado a fortalecer los controles y a implementar estrategias que permitan rastrear el origen del oro extraído.
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Para Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo y Análisis del Crimen Organizado en América Latina, el desafío va más allá de la tecnología:
“Hay medidas que se pueden tomar para saber exactamente de dónde vienen, seguir el oro toda la cadena de suministro, saber quiénes están detrás. Eso ya hay herramientas. Yo creo que yo diría de manera un poco rápida que el problema es más político que técnico”.
Mientras tanto, las autoridades locales mantienen monitoreos constantes en la zona con el objetivo de frenar el avance de esta actividad ilegal y proteger los ecosistemas. Sin embargo, los expertos insisten en que se requiere un trabajo articulado entre entidades gubernamentales, comunidades y organismos internacionales para evitar que la minería ilegal en Cali siga devastando el patrimonio natural de la región.
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