La organización Indepaz hizo entrega del informe anual de violencias en Colombia a lo largo de 2025, donde el Valle del Cauca se posiciona como una de las regiones más riesgosas y conflictivas para los líderes sociales, esto a raíz de las pocas garantías de protección que amparan su labor.
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Panorama general de violencia contra líderes sociales
De acuerdo con la información suministrada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, fueron asesinadas 187 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social o en defensa de los derechos humanos en Colombia, lo que supone además un aumento de 14 casos respecto al 2024.
Esta tendencia persistente de asesinatos está asociada a factores como la limitada efectividad de políticas preventivas y de protección y, también, a la incapacidad del Estado para controlar las dinámicas de violencia que operan en los territorios.
Por otro lado, el análisis afirma que las cifras en cuestión suelen incrementarse en periodo de elecciones presidenciales, lo que constituye una alerta temprana para este 2026, donde el país decidirá el nuevo líder de 'La Casa de Nariño'.
Así pues, el escenario planteado resulta preocupante al converger, igualmente, en un contexto de confrontaciones armadas y cuyo objetivo se rige, especialmente, por la disputa de control territorial.
El Valle del Cauca como uno de los departamentos más afectados
Desde una perspectiva geográfica, los departamentos más afectados por asesinatos de líderes sociales durante el año anterior fueron Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, registrando 40, 30 y 17 casos respectivamente.
Seguidamente, se hace pertinente mencionar que, adoptando una mirada municipal, Cali se posiciona como la única ciudad que figura en el listado al sumar 6 asesinatos de liderazgos asociados, específicamente, a la defensa de derechos juveniles.
Esta situación se encuentra relacionada con la presencia de múltiples bandas delincuenciales y con el rol de la ciudad como agente estratégico y logístico del suroccidente del país, lo que se traduce en un incremento de los riesgos para quienes llevan a cabo este trabajo en zonas urbanas caracterizadas por economías ilegales y enfrentamientos territoriales.
Adicionalmente, cabe mencionar que, en cuanto a las masacres perpetradas, el Valle del Cauca también posee una concentración significativa, siendo el pionero con 17 casos y seguido por Antioquia (12) y Norte de Santander (9).
Bajo esa misma línea, si se analiza el componente anterior por ciudades, Cali encabeza el registro en compañía de Bogotá y Tibú, cada uno con tres casos respectivos.
Teniendo en cuenta las estadísticas mencionadas, el informe sugiere, finalmente, que la fragmentación organizativa ha dado pie a nuevas prácticas de intimidación por parte de grupos armados contra líderes sociales.
Esto se fundamenta en un apoyo sostenido por parte de economías ilícitas, alianzas tácticas y un conocimiento profundo de los contextos locales para generar daños territoriales, lo cual continúa siendo un reto para erradicar despliegues violentos y asegurar, por ende, la seguridad de los líderes sociales en el país.
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