El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la sanción de embargo de todos los bienes y destitución de los cargos que la Contraloría General de la Nación le impuso a los exgobernadores del Valle, Héctor Fabio Useche, Juan Carlos Abadía y al exalcalde de Florida, Doney Ospina.
A Héctor Fabio Useche le figura en su contra una condena fiscal emanada de la Contraloría por presunto detrimento contra el departamento del Valle.
En concepto de la Contraloría, se ha presentado una inhabilidad sobreviniente que le impediría volver a la Gobernación incluso si paga el detrimento patrimonial.
La condena fiscal
Héctor Fabio Useche, fue separado de su cargo tras la condena fiscal que le impuso la Contraloría General por el presunto detrimento de 40.750 millones de pesos en la Industria de Licores del Valle.
El delito ocurrió en 2010 cuando Useche, como secretario de Salud del destituido gobernador Juan Carlos Abadía, lo representaba en la junta directiva de la licorera desde donde prorrogaron un contrato de distribución de licores, perjudicial para las arcas del Valle.
Abadía junto con otros 16 exfuncionarios de su administración fueron incluidos en el fallo de responsabilidad fiscal y se calcula que cada uno de los implicados debería responder por dos mil millones de pesos.
La destitución
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación en su providencia señala una destitución e inhabilidad durante 17 años para Abadía y 12 años para Useche.
A los dos exfuncionarios la Procuraduría les cuestiona en el caso de las cirugías bariátricas (reducción de peso) haber suscrito de manera directa un contrato por mil millones de pesos con la IPS Bolaños Ltda.
El procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito sostuvo en su momento que se incurrió en una falta gravísima a título de dolo.
El contrato ascendía a mil millones de pesos y su objeto era que la IPS prestara "servicios de salud de cirugía bariátrica por laparoscopia de alta complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud de la población pobre no asegurada".
De acuerdo con la denuncia formulada por el entonces gobernador encargado, Francisco Lourido, el contrato se celebró entre la Gobernación y la IPS Eduardo Bolaños, pero la propuesta aceptada fue allegada el 6 de mayo de 2009 por la firma Cirugía para la Obesidad, integrada por Eduardo Bolaños y Carlos F. Chaux. Se criticaba la contratación con una persona jurídica distinta a la que formuló la propuesta.
En consideración de la Procuraduría, la Gobernación sí podía contratar con esa firma, pero cumpliendo las normas (publicidad, selección objetiva e imparcial) y argumentar por qué debía contratarse de manera directa.
Anota que conforme a la Corte Constitucional, la contratación directa es posible en forma excepcional y con un estudio técnico completo.
Lo que había dicho Useche
Useche dijo que siempre ha existido una persecución política y de un linaje para quedarse con la Gobernación y las regalías. El exmandatario había anunciado acciones legales como tutelas para que se le respete su debido proceso.
En marzo del 2012 esto afirmó sobre la decisión en su contra: "Héctor Useche no tiene un peso. Pero la justicia debe aparecer. Solo asistía una junta directiva de la Licorera y en la misma no se firmaron contratos. No puedo responder por una responsabilidad que no es mía".
Cuando se le preguntó en ese momento quién estaría detrás de la persecución política, Useche señaló que "la gente sabe quiénes le han causado perjuicio. Cuando subió Gustavo Álvarez Gardeazábal lo tumbaron. Ahora hicieron lo mismo conmigo".
El concepto de su abogado, Luis Hermes Ruiz una vez se conoció la destitución de Useche:
El Presidente por intermedio de su Ministro del Interior ha consultado al Consejo de Estado para que defina si hay vacancia temporal o absoluta; si lo primero, empezó con encargar a un funcionario del orden nacional de la gobernación y si lo segundo, convocará a elecciones.
Por mi parte, tengo otra lectura de la situación y espero no estar equivocado. Veamos por qué. Primero el gobernador Useche no está destituido sino sancionado fiscalmente y en forma sobreviniente, pues su caso tiene lugar cuando él era Secretario de Salud del departamento y fungía como Miembro de la Junta Directiva de la ILV
El Presidente debió encargar a una persona del movimiento que inscribió a Useche en razón de que éste, sigue siendo el gobernador y por lo tanto, quien debe seguir en el cargo es alguien que aplique su plan de gobierno.
Segundo, quien debe decidir sobre una sanción disciplinaria es el Ministerio Público y en este caso el Procurador General, que al recibir el traslado del fallo, estudiará aplicando el debido proceso, la sanción que merezca el investigado, definiendo la falta como leve o grave. Si lo primero, entonces suspenderá al funcionario y si lo segundo, lo podrá destituir. En los dos casos, debe nombrarse una persona del partido o grupo político del doctor Useche.
Es lógico que los encartados deben haber cancelado antes, lo correspondiente al detrimento patrimonial que llevó a la sanción fiscal, pero esperemos a ver qué dice el Consejo de Estado.
El concepto de Raimundo Tello, ex asesor jurídico de la Gobernación del Valle .
Es evidente que se quería separar a Useche, entonces Gobernador del Valle, aún recurriendo a la ilegalidad, propósito que en últimas consiguieron. Que sea la sociedad la que valore los actos arbitrarios ejecutados para desposeer al Valle del Cauca de su voluntad popular.
