En las últimas semanas, se ha denunciado la invasión de dos grandes predios en la región, ubicados en Jamundí y Cali.
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Las familias que ocupan estos terrenos aseguran haber adquirido los lotes de buena fe, sin conocer que los mismos pertenecen al Estado. Sin embargo, la situación ha generado serias preocupaciones por los riesgos sociales y ambientales asociados.
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La invasión en Jamundí: Estafas con terrenos incautados
En la zona rural de Jamundí, al menos 180 familias han invadido un predio conocido como San Isidro. Los ocupantes aseguran que compraron los lotes a través de una fundación, que supuestamente les vendió terrenos de propiedad del Estado, los cuales un narcotraficante le había vendido previamente. Sin embargo, las autoridades denuncian que estas ventas fueron fraudulentas.
Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, afirmó:
“Están dividiendo el terreno, haciendo cortes irregulares en las cercas y vendiendo supuestos lotes por 4 millones de pesos, asegurando falsamente que cuentan con autorización de la SAE o de la alcaldía. Eso no es cierto”.
Felipe Tascón, director territorial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), añadió:
“Iniciamos cualquier trámite después de que la comunidad haga la denuncia contra los estafadores”.
Las familias afectadas, muchas de ellas desplazadas, han pagado entre 4 y 8 millones de pesos por lotes de entre 300 y 400 metros cuadrados. Algunos de los afectados, como un campesino, expresaron:
“Aquí hay gente desplazada, padres de familia, madres cabeza de hogar que no tienen a dónde vivir porque pagan un arrendo”.
La invasión en la vereda La Pailita, Cali
Otro caso se registra en el corregimiento de Navarro, en la vereda La Pailita, ubicada en la zona rural de Cali.
Este terreno, que fue entregado por la Agencia Nacional de Tierras a 80 familias de un consejo comunitario afrodescendiente, ha sido invadido por un grupo de desconocidos.
Se sospecha, además, que algunos de los responsables podrían ser miembros de grupos conocidos por invadir terrenos privados y cañeros.
Germán Bolaños, abogado que sigue el caso, señaló:
“Es un grupo de personas dirigidas por miembros que son reconocidos invasores de terrenos cañeros, que vienen instigando para la comisión de estos delitos”.
Preocupaciones ambientales
Además de los riesgos legales, la ocupación de estos terrenos genera preocupaciones ambientales. En el caso de la invasión en la vereda La Pailita, las excavaciones con maquinaria pesada cerca del río Cauca han debilitado las estructuras naturales de la zona.
Andrés Sanín, abogado especializado en derecho ambiental, alertó:
“Con maquinaria pesada se ha ido haciendo excavaciones, lo que puede llegar a afectar la estabilidad del río, especialmente en épocas de invierno. Esto ha debilitado lo que es la madre vieja del río”.
Respuesta de las autoridades
Las autoridades han intervenido en Jamundí, donde la alcaldesa Paola Castillo y la SAE buscan frenar la venta ilegal de terrenos, y en Cali, se espera la acción del grupo antiinvasiones para detener la ocupación ilegal y prevenir daños ambientales.
Estos casos destacan la urgencia de una regulación más estricta en la venta de terrenos y la prevención de fraudes. Las investigaciones siguen y se esperan medidas más fuertes para evitar que se repitan.
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