El centro del Valle del Cauca y el norte del Cauca continúan sufriendo las consecuencias de la guerra. El accionar de los grupos armados ilegales dificulta el trámite de miles de solicitudes para recuperar las tierras que les fueron arrebatadas a cientos de familias.
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María del Pilar Espinal es una de las 560 familias desplazadas del centro del Valle, específicamente de la zona rural de Bugalagrande, cuando los paramilitares tomaron el control de una parte del territorio. Ella recuerda cómo tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia.
"Nosotros tuvimos que ser desplazados por el problema de orden público en este país. Fuimos desplazados, estuvimos fuera de nuestros territorios por casi 12 años y al retornar, pues nos encontramos todo esto destruido."
En Colombia, 12 millones de hectáreas han sido identificadas para ser entregadas a las víctimas de despojo. Sin embargo, los constantes enfrentamientos y amenazas de grupos armados al margen de la ley han obstaculizado el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras.
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Desde esta institución se hace un llamado directo:
"Aprovecho para llamarle la atención a los actores armados al margen de la ley que nos dejen llegar a todos los territorios del país a hacer estas actividades que tienen que ver con los derechos de las víctimas, que es el derecho humano fundamental a la vida y que, en ese sentido, nos dejen hacer las actividades."
Giovanni Yule, director General de la Unidad de Restitución de Tierras.
Actualmente, el proceso de restitución ha avanzado un 50%, pero los funcionarios han enfrentado amenazas y riesgos en sus recorridos por las zonas afectadas. La unidad insiste en la necesidad de garantizar la seguridad de su personal, ya que muchos denuncian haber recibido amenazas.
"Hago una solicitud a todos los actores armados para que en el ejercicio que estamos haciendo desde la unidad restitución de tierras se pueda dejar que nuestro personal llegue a todos los territorios sin que tengan, algún riesgo físico."
Señaló el director de la unidad.
En lo que resta del actual gobierno, cerca de 172.000 familias esperan poder recuperar las tierras que la violencia les arrebató. La esperanza de que este derecho fundamental se garantice sigue siendo un desafío en medio del conflicto.
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