La vía Mulaló-Loboguerrero volvió al centro del debate regional luego de que el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev) rechazara la intención del Gobierno Nacional de retirar los recursos destinados a este proyecto estratégico de infraestructura vial.
La iniciativa, que aún no inicia obras, se encuentra actualmente en un Tribunal de Arbitramento, mientras se esperaba que a comienzos de este año las partes definieran el modelo financiero con el apoyo de un perito externo.
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A través de un pronunciamiento, el gremio advirtió que esta posible desfinanciación profundiza un rezago histórico en la asignación de recursos nacionales al Valle del Cauca, una región que cumple un papel clave en la economía del país.
“La posible desfinanciación del proyecto se suma a un patrón histórico de rezago en la asignación presupuestal nacional al Valle del Cauca, pese a que la región aporta cerca del 10 % del PIB nacional, concentra una proporción significativa de la actividad exportadora del país y cumple un rol estratégico en la logística, la industria y el comercio exterior de Colombia”.
Señaló el Ciev.
Un proyecto clave para la competitividad
El proyecto Mulaló–Loboguerrero contempla la construcción de una carretera de aproximadamente 32 kilómetros, que permitiría reducir en más de una hora el trayecto entre Cali y Buenaventura y disminuir en 52 kilómetros la distancia hacia el principal puerto del Pacífico colombiano. La inversión estimada para esta obra asciende a $2,8 billones.
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Según el Comité Intergremial, la vía mejoraría la eficiencia logística del corredor por el que se moviliza cerca del 40 % del comercio exterior del país y permitiría la generación de aproximadamente 1.800 empleos.
Advertencias y exigencias al Gobierno
El gremio alertó que los recursos comprometidos para proyectos estratégicos no deben utilizarse como mecanismo de ajuste fiscal ni como herramienta de presión política contra las regiones. “La desfinanciación de un proyecto contractual vigente, amparado por licencias en firme y sometido a un tribunal de arbitramento, sin una definición clara de continuidad presupuestal, expone al Estado a contingencias fiscales futuras y compromete gravemente los principios de planeación, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal, indispensables para el desarrollo territorial, la confianza inversionista y la competitividad nacional”, advirtió.
En ese sentido, exigieron el mantenimiento íntegro de los recursos comprometidos, la continuidad institucional y contractual del proyecto, respeto por el Valle del Cauca como región estratégica y la apertura inmediata de un diálogo técnico y transparente.
Finalmente, el Comité fue enfático en su llamado al Gobierno Nacional:
“El Valle del Cauca no acepta más postergaciones, excusas ni discriminación presupuestal. Defender la vía Mulaló-Loboguerrero es defender la competitividad del país, la equidad territorial y la credibilidad del Estado colombiano”.
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