Una grave situación de orden público se vivió en las últimas horas en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, cuando al menos 600 personas rodearon y retuvieron contra su voluntad a 150 soldados del Ejército Nacional, incluyendo varios oficiales, en lo que las autoridades califican como una instrumentalización de la población civil por parte de la disidencia Jaime Martínez de las FARC.
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Según información entregada por el Ejército, los uniformados adelantaban operativos contra estructuras armadas ilegales en las zonas de Ampudia y Villa Colombia cuando fueron retenidos por la multitud. Los hechos ocurrieron en medio de una asonada violenta que impidió la movilidad de las tropas.
El comandante de la Tercera Brigada aseguró que esta no es la primera vez que se presentan maniobras de presión por parte de las disidencias, quienes estarían obligando a campesinos e indígenas a enfrentar a la Fuerza Pública, mediante amenazas y coacciones.
Gobernadora defiende creación del batallón de alta montaña pese a presiones
Ante lo sucedido, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la comunidad estaría siendo utilizada por los grupos armados ilegales para presionar la salida del Ejército de la zona.
La creación del batallón de alta montaña sigue en firme, ya tenemos permisos, recursos y vamos a implementarlo”
afirmó la mandataria.
Además, la gobernadora resaltó la necesidad de fortalecer la erradicación de cultivos ilícitos y la sustitución por economías legales como parte de una estrategia para romper el ciclo de violencia financiado por el narcotráfico.
Ministerio de Defensa advierte: “No se permitirá el uso de civiles como escudos”
El ministro de Defensa también se pronunció tras el hecho, señalando que no se tolerará que la guerrilla utilice a la población como escudo humano para evitar la presencia militar.
Por su parte, los soldados ya retornaron a la zona plana de Jamundí, tras horas de tensión y mediación por parte de líderes locales y organismos de control.
El caso ha generado alerta entre organizaciones de derechos humanos, que piden protección para las comunidades en medio del conflicto y garantías para que las operaciones del Estado no se vean saboteadas por presiones armadas.
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