Durante una mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud, EPS intervenidas y no intervenidas, y demás actores del sector, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró que el departamento continúa enfrentando una emergencia humanitaria en salud y advirtió sobre la necesidad de adoptar soluciones estructurales y urgentes que garanticen la atención integral de los vallecaucanos.
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De acuerdo con la gobernadora, las EPS intervenidas concentran el 78 % de la operación del sistema de salud en el Valle del Cauca y precisó que la cartera total alcanza los $2,768 billones, mientras que las EPS bajo intervención acumulan obligaciones por $1 billón 624 mil millones.
La mandataria insistió en que una de las principales preocupaciones continúa siendo el flujo oportuno de los recursos hacia las instituciones prestadoras de salud, pues los pagos parciales están afectando la capacidad de respuesta.
“En el departamento no se paga el 80%. En el Hospital Universitario del Valle pagan cerca del 67%. En el hospital ‘Mario Correa’, si acaso pagan el 48%. Es muy importante que se revise el tema del pago mensual, porque no están pagando el porcentaje que se dice”.
Gobernadora del Valle.
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Autoridades del Valle buscan ampliar acceso a servicios de salud especializados
De igual forma, Toro destacó las estrategias implementadas por la Gobernación para ampliar el acceso a servicios especializados en municipios donde históricamente la oferta médica ha sido limitada.
En ese sentido, explicó que el departamento adelanta un programa de desconcentración de servicios que permite trasladar especialistas desde hospitales de mediana complejidad hacia diferentes municipios, con el fin de atender necesidades de salud que antes requerían desplazamientos a las principales ciudades.
Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que se está “revisando la situación de la emergencia humanitaria en el Valle del Cauca, las dificultades que tenemos con las EPS en el cumplimiento de sus obligaciones, y hemos acordado un trabajo coordinado y conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud para mejorar la salud de los vallecaucanos”, afirmó.
La funcionaria recordó que en el Valle del Cauca “han cerrado 2.000 servicios, no son 2.000 IPS, son servicios, y tenemos hoy 2.400 funcionarios de salud sin trabajo. La situación es tan grave que la gobernadora decretó una emergencia humanitaria. Tampoco hay camas en el departamento, tenemos una sobreocupación de UCI que supera el 176% y en este instante estamos por encima del 200%”, agregó.
“Es fundamental que las Secretarías de Salud no renuncien a su tarea de inspección, vigilancia y control, no solo con los gestores farmacéuticos, sino con las IPS públicas y privadas. Esto nos permite vigilar de cerca a los actores del sistema de salud y mejorar el nivel de atención que prestan a los usuarios”.
Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario encargado de Entidades Territoriales.
Asimismo, Germán Darío Gallo, agente interventor de Famisanar, señaló que estos espacios permiten “garantizar una mejor accesibilidad al servicio de salud y romper todas las barreras que aún siguen persistiendo en el Valle del Cauca”.
Mientras que Carlos Humberto Beltrán, secretario general de Coosalud, manifestó que “es un espacio muy importante para que prestadores, EPS y Gobernación podamos establecer vínculos de trabajo donde los principales beneficiarios sean los afiliados”.
Finalmente, ante este panorama, la Gobernación del Valle precisó que se continuará realizando seguimiento permanente a la emergencia humanitaria, con mesas de trabajo y acciones que permitan avanzar en la entrega de medicamentos, la prestación de servicios, el pago a la red hospitalaria y la protección de la vida de los vallecaucanos.
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