Desde las 3:00 de la mañana dos mil hombres entre policías, integrantes de la Armada, Ejército Nacional, CTI y La Fuerza Aérea adelantan un operativo en contra de quienes lideran y ejecutan la minería ilegal en la zona comprendida entre Buenaventura y Loboguerrero, exactamente en Zaragoza, Bendiciones y la Laguna, en el Valle del Cauca.
Dentro de las hipótesis contempladas por la Fiscalía, dicha actividad ilícita estaría patrocinada por organizaciones criminales, con el propósito de conseguir recursos para su accionar delictivo, es por lo anterior que capturar a los responsables y sellar las más de 121 minas que se evidencian en el área intervenida, es la importante tarea que tienen las autoridades.
“Para solucionar el daño causado al medio ambiente en esta zona, se necesitarían más de 100 años”, así lo asegura el coronel Camilo Álvarez Ochoa, comandante del Departamento de Policía Valle, refiriéndose a la cuenca del río Dagua, que desde hace casi diez años ha sido lugar principal de explotación irregular de oro, convirtiendose en una de las pruebas visibles del grave impacto ambiental que genera esta práctica, además de los importantes hundimientos que actualmente se presentan en la doble calzada y la vía del Ferrocarril del Pacífico.
Los estudios técnicos ambientales preliminares indican que las excavaciones que se han realizado en las márgenes izquierda y derecha de la doble calzada, que superan los 18 metros de profundidad, han afectado el bien público por la forma rudimentaria en que se realizan, sin contar con verdaderos planes de manejo ambiental.
Sin embargo, el Coronel Álvarez, asegura que esta operación de fuerza en la que además de sus hombres y el Ejército participan entidades como Gestión de Riesgo, Defensoría, Invias, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo, Secretaría Educación, entre otras, busca que los mineros que trabajan directamente en las minas como obreros sin otra opción de supervivencia, sean incluidos en programas liderados por las diferentes Secretarías con el fin de que tengan una segunda oportunidad de trabajo y capacitación actividades benéficas y productivas.
Esta diligencia judicial que se prolongará por seis días es coordinada por dos fiscales especializados adscritos al Eje Temático de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente; así como el apoyo de más de 980 miembros de las diferentes fuerzas investigativas y de seguridad del Estado. Los resultados, se legalizarán ante jueces penales municipales, con funciones de control de garantías, de Cali.
