Las recientes alertas por el orden público en el Valle del Cauca llevaron al diputado del Centro Democrático, Rafael Rodríguez, a presentar una acción popular ante el tribunal administrativo de Cali, con el objetivo de solicitar medidas urgentes que protejan la vida y la seguridad de los habitantes del departamento.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Según el funcionario, la solicitud judicial responde a un preocupante incremento de hechos recientes de violencia registrados en municipios como Dagua, Jamundí y Cali. Recientemente, se han reportado hostigamientos armados, alertas por posibles atentados y advertencias sobre el riesgo de reclutamiento de menores por parte de estructuras ilegales.
“Los hechos que vienen aconteciendo en nuestro departamento en cuestión de orden público, los constantes hostigamientos en el municipio de Dagua, la reciente alerta que hemos tenido de hechos terroristas en la ciudad de Cali, los diferentes hechos violentos en el norte del Valle del Cauca“
Manifestó Rafael Rodríguez.
Lea también: Vandalismo a semáforos deja millonarias pérdidas en Cali: ¿Qué se sabe?
La acción popular solicita evaluar si el gobierno nacional ha adoptado medidas suficientes, eficaces y estructurales frente a la situación de seguridad en el departamento. Entre las peticiones, se incluye la formulación de un plan integral de intervención, el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y la implementación de mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de estas acciones.
También, afirma que es imprescindible superar las respuestas formales y que el Gobierno Nacional debe desplegar acciones reales y eficaces para proteger a la población civil y evitar el agravamiento de la crisis de seguridad.
“Precisamente, la acción popular lo que busca es exigir al gobierno nacional que se haga cargo de la estrategia de seguridad para el departamento, que trate de velar por los derechos de nuestros jóvenes y adolescentes para que no sean más víctimas del reclutamiento forzado por parte de estas bandas criminales“.
Sostuvo.
Esta iniciativa se presenta como un llamado al Estado para garantizar el orden público en una zona golpeada por el conflicto armado.
Actualmente, la solicitud ya fue repartida en el Tribunal Administrativo de Cali y se espera su admisión en los próximos días. Por otro lado, el organismo judicial podría pronunciarse en menos de dos meses y, en el transcurso del proceso, adoptar medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de los vallecaucanos.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales:
