La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación con pliego de cargos contra 12 ingenios, 3 entidades del sector azucarero y 18 personas naturales, que presuntamente hacen parte de un presunto cartel que se dedicaba a impedir o bloquear la entrada de azúcar importada al país.
Según la entidad, este oligopolio pretendía limitar la competencia y de esta forma, aumentar el precio del endulzante.
Los ingenios contra los cuales se abrió la investigación son: Riopaila Castilla S.A., Ingenio del Cauca S.A., Manuelita S.A., Providencia S.A., Mayagüez S.A., La Cabaña S.A., Pichichí S.A., Risaralda S.A., Carlos Sarmiento L. & CÍA. Ingenio San Carlos S.A., Carmelita S.A., Central Tumaco S.A. y María Luisa S.A.
Otras tres entidades del sector también serán investigadas por la SIC, entre las cuales figura la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, ASOCAÑA, la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles, CIAMSA, y Desarrollos Industriales y Comerciales S.A., DICSA.
Entre las personas naturales vinculadas con el ilícito se encuentra el exministro de Agricultura, Luís Fernando Londoño Capurro, quien es representante legal de Asocaña.
Junto a este figuran en la lista: Djalma Teixeira de Lima Filho, representante legal del Ingenio Riopaila Castilla S.A., Juan José Lulle Suárez, representante legal del Ingenio del Cauca S.A., Rodrigo Benalcázar Hernández, representante legal de Manuelita S.A. y otras 13 personas.
La SIC, busca determinar si tanto las personas jurídicas, como naturales, infringieron el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, el cual garantiza la libre competencia, tras prohibir “los acuerdos que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos o mercancías nacionales o extranjeros”.
De determinarse que hubo violación a la libre competencia, la entidad además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales, es decir, hasta $58.950 millones.
Para las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, la multa puede ser de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales, equivalentes a 1.179 millones.
