La Iglesia Católica ha mantenido durante siglos una postura firme sobre la indisolubilidad del matrimonio, fundamentada en la idea de que lo que Dios ha unido no puede separarlo el hombre. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la fe, surge a menudo la duda sobre qué sucede cuando una unión fracasa y los cónyuges buscan rehacer su vida religiosa.
Es aquí donde entra en juego el concepto de la nulidad matrimonial, un proceso legal interno que busca determinar si, desde el momento del "sí quiero", existió algún defecto que impidiera la formación de un vínculo real y válido ante los ojos de la Iglesia.
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Durante décadas, este proceso fue percibido por los fieles como un laberinto burocrático, costoso y extremadamente lejano. La creencia popular dictaba que conseguir una nulidad era un privilegio reservado para las élites o que requería la intervención directa de las altas esferas en el Vaticano.

¿De dónde nace esta creencia para poner fin al matrimonio?
Esta percepción no era del todo infundada, ya que el sistema antiguo exigía una doble sentencia confirmatoria y tiempos de espera que podían prolongarse por años. Desincentivando a muchas personas que simplemente deseaban regularizar su situación sacramental.
No obstante, el panorama cambió drásticamente en el año 2015 con la reforma impulsada por el Papa Francisco a través del documento Mitis Iudex Dominus Iesus. El objetivo principal de este cambio fue la "descentralización".
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El Papa reconoció que la justicia eclesiástica debía estar cerca de los fieles y ser accesible tanto en tiempo como en costo. Se eliminó la obligatoriedad de una segunda revisión si no había apelación y se otorgó mayor potestad a los obispos locales para resolver casos evidentes de manera expedita.
Justamente, este mito lo desmiente Liliana Bernal, abogada adscrita al tribunal eclesiástico, puntualiza que “nunca va a Roma. No se tienen que ver con el Papa”, mientras especifica que:
“El proceso se hace directamente aquí en Cali. Sí, nosotros tenemos varios tribunales en el Valle, tenemos en Palmira, tenemos en Buga, tenemos en Buenaventura y la idea es que la persona se dirija al Tribunal Eclesiástico más cercano y de esta manera pueda iniciar el proceso”.
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