Las suspensiones de los alcaldes de Ibagué y de Medellín son un golpe a la democracia, a la voluntad popular, pero, sobre todo, a nuestra constitución política. El estado de derecho tiene unos principios que han sido violentados por parte de la decisión de la suspensión de la procuradora, Margarita Cabello.
La participación en política de los funcionarios públicos es un delito, por tal motivo, la Procuradora debía buscar la manera de que; si en sus investigaciones existiesen pruebas contundentes y sin ningún manto de duda que estos dos funcionarios de primer cargo municipales estaban ejerciendo labores que no estaban dentro de sus funciones; debía generar era una investigación penal para que fuese la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República quienes determinaran las sanciones para estos.
Artículo relacionado
Todo esto con base a la reiterada jurisprudencia y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; frente a que la Procuraduría General de la Nación no tiene la capacidad de sancionar a los funcionarios públicos elegidos por voto popular, es decir; la procuradora Margarita Cabello equivoca el trámite y sobrepasa su competencia como Procuradora General de la Nación.
Tampoco podemos decir que fue equilibrada la sanción para estos dos alcaldes. Por las razones conocidas en los últimos días, tanto funcionarios públicos como altos funcionarios, y hasta miembros de las fuerzas militares; participaron abiertamente en política, según el mismo rasero que está usando la Procuradora; también tenían que ser sujetos de sanciones para que primara uno de los derechos de todos los colombianos; que es el derecho a la igualdad, siendo incluso, igual de inapropiado e incompetente para tal formal.
Artículo relacionado
Sin embargo, su decisión da indicios de que lo que le quieren hacer al alcalde Quintero es, a través de cualquier medio, sacarlo del camino político, que; a todas luces, ha generado un apoyo masivo tanto en plazas, como en la opinión pública.
Lea también: Una copa de oportunidades
Es hora entonces de defender la democracia, de defender a la constitución, de defender la ley y decirle a Margarita Cabello que se ha equivocado; y que a través de los medios legales y a través de la independencia de los jueces de la república, en los cuales confiamos; se reversará la decisión y el alcalde de Medellín y de Ibagué volverán a sus funciones como lo dictaminaron sus municipios, la ciudadanía y, sobretodo; con la claridad de que no fue una decisión en derecho y tampoco en justicia.
Otras noticias:
Sigue nuestras redes sociales:
