El berrinche del Fiscal General
La desmesurada reacción del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lineth, frente a la propuesta de crear un Tribunal para juzgar a los servidores públicos con fuero, incluyendo al mismo fiscal, tuvo un efecto inesperado: puso en el centro del debate sobre la reforma a la justicia el desmedido poder del ente acusador.
Al inicio de su gestión Montealegre advirtió que la fiscalía era “un caballo desbocado”, dando a entender que la iba a meter en cintura, pero en lugar de ello, con el paso del tiempo, prefirió galopar el brioso corcel para dirigir las huestes de fiscales por el camino de una justicia politizada, selectiva y generosa con los criminales impenitentes.
Desde el “Olimpo” que construyó, a su justa medida, el fiscal crea comisiones de fiscales para investigar el tema de moda, contrata asesores y analistas para relevar a los fiscales del tedioso trabajo de analizar las pruebas, como ocurre en la siniestra Unidad de Análisis y Contexto, elige a quien investigar y a quien cubrir con el manto de la impunidad, pero sobre todo asusta, no a los delincuentes, sino al ciudadano inerme que sabe que las cárceles revientan de inocentes.
Lamentable que el Fiscal esté más preocupado por saber quién será el competente para investigarlo y juzgarlo que por garantizar una recta aplicación de justicia.
Mientras el fiscal llama a las huestes judiciales a la desobediencia civil con frases apocalípticas, en una soterrada defensa de la Comisión de Acusaciones (que no ha juzgado en la historia reciente a ningún aforado), sus imberbes asesores imponen tesis jurídicas que llenarían de vergüenza cualquier republiquita bananera y utilizan carteles de falsos testigos y espurios reclamantes de tierras para sustentar procesos que no resisten el examen de un aprendiz de abogado.
Montealegre cabalga hacia una dictadura de fiscales y jueces, convencido de la bondad de su empresa, con la ayuda de algunos congresistas que, por una entendible razón derivada de sus culpas impunes, optaron por judicializar los debates legislativos.
Lástima que ilustres miembros de la comunidad jurídica y periodistas destacados hayan preferido convertirse en contratistas de la fiscalía y vitoreen al desbocado fiscal, en lugar de advertirle que se dirige presuroso al abismo del desprestigio donde caerá arrastrando la credibilidad de una institución forjada con el esfuerzo de muchos funcionarios honestos.
