Por: Roberto Ortiz Ureña
Hace trámite en el Concejo de la ciudad un inusual Proyecto de Acuerdo que tiene como propósito cambiar el objeto social de la EMRU para permitir hacer contrataciones que la Administración pública está obligada a hacer por medio de la ley 80 que regula la materia, y esta reforma de la EMRU va a permitir que mediante convenios inter-administrativos, se evada la contratación y se ponga entonces en duda la transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de esta administración.
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Los convenios inter- institucionales permiten que las obras se contraten a dedo, en favor de los amigos, evadiendo las leyes de contratación, favoreciendo solo a unos contratistas preferidos, muchos de ellos que han sido financiadores de las campañas del alcalde. Esto no deja de ser grave por la oscura intención que lleva intrínseca, sino que deja sin oportunidades a muchas empresas que tienen capacidad, e idoneidad de contratar en la ciudad y a organizaciones de jóvenes ingenieros emprendedores que lo único que reclaman es una opción para ejercer su profesión.
El gobierno de Ospina es de amiguismos muy selectivos, no solo en su gabinete sino entre sus contratistas y para este fin es que modifica las empresas comerciales del Estado para permitir ampliar su objeto social con el fin de favorecerlos.
No deja de ser curioso como los cambios que propone en la empresa EMRU, apuntan a que las empresas de su libre elección y su propio agrado, puedan contratar las obras del Plan de Desarrollo que quiere el ejecutivo mediante convenios inter-administrativos como el llamado Edificio Inteligente, las obras en las antiguas instalaciones del Club san Fernando, hacer obras de infraestructura y pavimentación, y también le entrega facultades amplias y omnimodas a la EMRU para que pueda vender propiedades públicas y privadas. Es decir, tiene poderes extraordinarios para hacer y deshacer, burlando las leyes.
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El alcalde con esta propuesta reitera que no le interesa ser transparente mediante la realización de licitaciones abiertas, públicas.
Es una propuesta indecente que muestra su talante sobre lo que siempre ha hecho, es decir que es mediante los cómodos y amañados convenios como se puede beneficiar a los amigos y pagar favores a quienes le han financiado sus actividades políticas, sin control alguno.
Hace poco el objeto social de Emcali fue modificado para blindar la contratación que se hace a voluntad y conveniencia desde la silla principal del CAM.
Los medios de comunicación ya denunciaron la aberración de darle más herramientas y facultades al ente ineficaz llamado Emru y por medio del cual esta Administración pretende burlar los controles y las licitaciones.
Esta práctica es una treta infame, decididamente delincuencial para manipular la contratación, tratando de despejar el camino contra las investigaciones sobrevinientes. Esto en realidad es la legalización escandalosa de lo vergonzoso e ilícito. Faltando así a la ética, la honestidad y la transparencia que deben estar implícitos en todos los actos públicos cuando hay de por medio recursos oficiales.
Como Concejal de Cali, hago la advertencia respectiva y un llamado con aviso de urgencia a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Contraloría, a los veedores ciudadanos y a toda la población caleña sobre esta peligrosa maniobra del alcalde Jorge Iván Ospina que ya empezó a hacer curso en el Concejo de nuestra ciudad.
De todo esto dejo constancia sobre las pretensiones de esquivar a los organismos fiscalizadores y de justicia, de parte del actual alcalde de Santiago de Cali, quien siempre ha demostrado un actuar sistemático de querer saltarse la baranda de lo legal, de lo institucional y caer en terrenos que lindan con lo penal.
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