Tras la difícil situación que atraviesa Tuluá a raíz de la violencia y como esta ha impactado a distintos funcionarios de la administración municipal; la Gobernación del Valle realizó un llamado de atención a la Unidad Nacional de Protección para fortalecer la seguridad.
Esto se dio a conocer por medio de una carta publicada en las redes sociales de la Gobernación, donde Ana María Sanclemente, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle; se dirigió a Augusto Rodríguez, director de la UNP.
Lea también: Lanzan 'Plan Solidario Tuluá' para que la feria esté presente en otros municipios
“Nuestro llamado a la Unidad Nacional de Protección a trabajar articuladamente para proteger la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad.”.
En esta carta también manifiesta su posición con respecto al pronunciamiento de la UNP sobre la situación, en donde; según la Gobernación deja dudas sobre a quién le corresponde la protección de los servidores públicos de Tuluá.
Lea también: Intensifican los operativos policiales en Tuluá, Valle
Y es que, la UNP había expresado que, según la norma, quienes tienen la responsabilidad prioritariamente son las gobernaciones y las alcaldías.
“Los primeros respondientes en materia de prevención, seguridad y protección, son las gobernaciones y las alcaldías, con el apoyo de los ministerios de Defensa, Interior y Público, quienes deberán detectar y asumir las competencias, para responder al riesgo de líderes y lideresas sociales y defensores de DDHH”.
Tras estos pronunciamientos, Sanclemente manifestó en la carta que esta situación es una emergencia y que lastimosamente los hechos han dado la razón.
“Pese a todo eso, la UNP, al día de hoy, no ha adelantado todos los estudios de seguridad de la población en riesgo (alcaldes, concejales, diputados, funcionarios y líderes). Tampoco se ha realizado un CERREM poblacional que permita determinar el nivel de riesgo de las personas amenazadas ni expedido medidas contundentes que permitan salvaguardar la vida de estos vallecaucanos”.
Finalmente, reconoce que las entidades territoriales son las primeras que deben actuar, sin embargo, también resalta que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe gestionar urgentemente en casos de riesgo inminente y excepcional medidas provisionales, con el fin de garantizar la seguridad de los funcionarios de Tuluá.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales:
