El año 2022 llegó con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que advierte de los riesgos que corren los habitantes de 21 de las 22 comunas y de los 15 corregimientos de Cali y que pone de manifiesto la incidencia de estructuras armadas y de grupos criminales organizados que han elegido a la ciudad como un centro de operaciones, con las implicaciones que eso conlleva. Aumento de los homicidios en 2021, extorsiones y una reorganización de las fuerzas de los grupos ilegales, en particular en estos dos años que lleva la pandemia, nublan el panorama y hacen vulnerables a los habitantes de Cali.
Nuestra ciudad está en medio de un corredor estratégico del narcotráfico, que se extiende desde la zona montañosa de Nariño, Cauca y sur del Valle hasta el Pacífico, desde donde salen las drogas hacia mercados internacionales. Adicionalmente, es un corredor por donde circulan armas y se desarrollan otras economías ilegales, quedando así Cali en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad. No en vano es la urbe más grande de toda la región y ofrece más condiciones para servir de centro de operaciones y de residencia de integrantes de estos grupos y estructuras criminales.
Artículo relacionado
En 2021, como uno de los efectos colaterales del Paro, en Cali vivimos un aumento de los homicidios y se rompieron algunos récords que no se veían desde hace una década, incluso. El semestre de enero a junio del año pasado fue el más violento desde 2017 y los meses de mayo, junio, julio, agosto y octubre fueron los más violentos desde 2014. Hacía cinco años no se llegaba a más de 1200 homicidios en un año y eso habla del reto en seguridad que enfrenta Cali.
Lea también: EMCALI, una prioridad
Con el ataque a la Policía a principios de enero, además de los sucesos ocurridos en zona rural de Jamundí y en otras zonas del departamento, queda claro que la amenaza a la seguridad es un asunto nacional, que tiene especial presión sobre Cali. El deterioro del ambiente de seguridad, como bien lo registra la alerta temprana, exige una respuesta de las autoridades en todos los niveles del Estado, desde el nacional hasta el local y en nuestra ciudad, que sufre con mayor fuerza los efectos de este fenómeno, necesitamos mayor y mejor liderazgo. La inseguridad en Cali y la región debe ser una prioridad nacional, es un asunto que trasciende a lo local.
Artículo relacionado
Darle prioridad a la seguridad, articularse armónicamente con el Gobierno Nacional y con el gobierno departamental, asignar los recursos necesarios y mantener una relación fluida con las agencias de seguridad son elementos fundamentales para enfrentar la amenaza. La ausencia deliberada del alcalde el fin de semana del ataque terrorista a la Policía y en el consejo de seguridad que se llevó a cabo luego de este hecho, nos deja preocupaciones sobre el interés de esta Administración alrededor de la seguridad de los caleños. La amenaza es seria y esperamos que en el gobierno del 'Pacto por la Vida', la defensa de los derechos humanos y de la integridad de los caleños hagan parte de sus principales prioridades.
En Cali queremos vivir seguros y tranquilos. No hay que escatimar esfuerzos para lograrlo.
Otra columna:
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales: