Juzgando según los impulsos de vuestro corazón, no podreís equivocaros, y el veredicto será justo siempre que satisfaga las pasiones, que son vuestra ley sagrada.
Anatole France. Los Dioses Tienen Sed.
La historia de la justicia colombiana ha sido escrita con sangre y sufrimiento. Cientos de funcionarios judiciales, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia asesinados durante la toma perpetrada por el M-19, ofrendaron sus vidas en defensa de los principios y valores sobre los que está fundado el Estado de Derecho.
El sacrificio de estos valientes servidores públicos fue retribuido con respeto y confianza por parte de la sociedad en las decisiones de los jueces y fiscales. No obstante, en los últimos años las cosas han cambiado dramáticamente. Desde magistrados de los altos tribunales y fiscales generales hasta modestos servidores judiciales de provincia se han visto envueltos en terribles escándalos de corrupción y abusos que desprestigian la administración de justicia.
Bajo la sombra tenebrosa de la corrupción crece, de manera imperceptible pero agigantada, la dictadura de los jueces, de la que hace parte la fiscalía, amenazando con destruir los cimientos de nuestra democracia en construcción.
En materia penal, especialmente, donde se concentran los casos de mayor connotación, pero también aquellos que causan más daño a la sociedad, se instaló un sistema penal con tendencia acusatoria, que en su momento fue promovido como garante de los derechos fundamentales pero que en la práctica ha venido degenerando en un sistema corrupto, puntilloso y arbitrario.
Muchos fiscales en franca competencia para obtener ascensos o algún tipo de reconocimiento imputan y acusan a su antojo a personas inocentes. En la oficina de al lado, los jueces de garantías terminaron convertidos en subalternos de los fiscales con la complacencia de los Procuradores Judiciales, quienes en su gran mayoría actúan como segundos fiscales dentro de los procesos penales, creando un desbalance brutal respecto a la defensa.
En muchas partes del país se escuchan quejas sobre las actuaciones de los jueces y aumentan los casos de espantosos abusos en contra de ciudadanos inermes y abogados defensores.
Las barbaridades cometidas en nombre de la justicia dejan los pelos de punta. Jueces que coartan el uso de la palabra a los defensores, les niegan los recursos, los intimidan con sanciones por cualquier fruslería, los ofenden, se burlan de ellos, los gritan, insultan y escarmientan como si actuaran al servicio de la peor dictadura.
Hace pocos días una jueza le prohibió a un defensor que leyera un artículo del código, pese que este intentaba demostrarle con dicha lectura la equivocación en que había incurrido la falladora al interpretar la norma. Como el abogado insistió la jueza dio por terminada la audiencia dejando en el aire los recursos interpuestos por la defensa.
La funcionaria alegó que había actuado conforme los lineamientos del Tribunal Superior que les había ordenado no permitir que los abogados hicieran lectura de artículos o citaran jurisprundencias para evitar demora en las audiencias.
En cuanto a los fallos judiciales abundan las sentencias fundadas en razones políticas, ideológicas o de conveniencia para absolver culpables o condenar inocentes. En el mismo sentido la fiscalía actúa diferente rasero, dejando en el olvido casos execrables para perseguir al delincuente de moda o llevando a cabo negociaciones para liberar al mayor culpable a cambio de sus cómplices o subalternos.
El maestro Luigi Ferrajoli, denomina estos excesos o abusos como decisionismos y el derecho constitucional los califica como vías de hecho, es decir, actuaciones que obedecen al capricho del funcionario y que por lo tanto se apartan del ordenamiento jurídico.
Quisiera equivocarme pero considero que estamos avanzando a pasos agigantados hacia una dictadura de los jueces, que por su misma naturaleza es la peor de todas las dictaduras. Una dictadura militar, por ejemplo, persigue especialmente a los enemigos del régimen, por lo tanto quienes por temor o complacencia guardan silencio, logran sobrevivir sin ningún problema, tal y como ocurrió en Chile durante el gobierno de Pinochet.
Pero la dictadura de los jueces no establece diferencias. Todos, absolutamente todos los ciudadanos, ricos y pobres, son potenciales víctimas y las decisiones de los dictadores con toga son por regla general crueles y deshumanizadas.
Durante la Revolución Francesa nada fue tan espantoso como el Régimen del Terror que impusieron los magistrados del Tribunal revolucionario edificado para defender la república y que llevó a la guillotina a miles de personas, incluyendo a los mismos magistrados.
Anatole France describe la degradación de los magistrados del Tribunal en su obra cumbre Los Dioses Tienen Sed, y muestra el peligro que representa para la sociedad una judicatura caprichosa, abusiva y justiciera.
Por fortuna en Colombia no existe la pena de muerte, pero si el horror del encierro en cárceles inhumanas, donde a diario son confinados cientos de compatriotas, muchos de ellos ajenos al delito que se les imputa o merecedores de un trato más benigno, pero que contaron con la mala fortuna de caer en manos de un juez que considera la libertad una cosa de poca monta y los recursos legales una imperfección del sistema tal como lo afirmara en días recientes un juez de conocimiento en plena audiencia pública.
Estoy convencido de la necesidad de contar en nuestro país con una administración de justicia fuerte y vigorosa, pero me infunde miedo un sistema en manos de jueces que hacen alarde de los derechos humanos en los foros académicos mientras convierten sus despachos en escenario de la tiranía, la estulticia y el abuso de poder.
LA FUNDACION DEFENSA DE INOCENTES publicará en su página web los casos de abusos y arbitrariedades de la judicatura con el fin de generar un debate público sobre la crisis por la que atraviesa la justicia colombiana y que ahora no es por cuenta del abandono del poder ejecutivo sino debido a la actuación de sus funcionarios.
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