Mientras en Medellín convirtieron a la Plaza de Toros de La Macarena en un moderno centro de eventos y en Bogotá cogieron el antiguo coliseo El Campín y lo transformaron en el Movistar Arena, capaz de albergar eventos de talla mundial con aportes públicos y privados, en Cali en diciembre de 2021 teníamos ya no solo una carpa en zona residencial donde parece, según documentación de la misma autoridad, se violenta la normatividad ambiental de ruido permitido, sino que terminamos con una más en la Avenida Pasoancho con carrera 66 y otra en la Carrera 8 con Calle 70, junto a los talleres del municipio.
La diferencia con Bogotá y Medellín es que, parece claro, aquí no hubo participación pública pero sí una permisividad extraña que impacta negativamente el desarrollo urbano y los derechos de los vecinos.
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Cuando empecé mi gestión en el Concejo, en enero de 2020, recibí muchos llamados de la comunidad del barrio El Lido y de la zona aledaña para visibilizar la situación que venía aquejándola desde hace unos años.
Una carpa muy ruidosa, con patrocinio de la Industria de Licores del Valle y sede habitual de eventos de campañas políticas de partidos como La U, instalada en un lote ubicado a 200 metros del hospital de Siloé; en medio de una zona residencial y en la que el uso del suelo es mixto, pero explícitamente establece que no es permitido el consumo de bebidas alcohólicas y donde las actividades de espectáculos musicales en vivo están condicionadas.
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Detengámonos en el asunto de condicionar actividades musicales. La norma establece desde 2016 que los promotores de este tipo de eventos deben tramitar ante los organismos respectivos un Esquema de Implantación y Regularización, que se definen en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT como unos instrumentos de planificación urbana que pretenden mitigar los impactos urbanísticos y ambientales de una actividad.
Desde 2019 se le solicitó al promotor de la carpa ubicada en el barrio El Lido que cumpliera con este paso, pero a la fecha no ha cumplido con unos requisitos adicionales solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación. Vamos en 2022 y la carpa opera sin inconvenientes, a pesar de que la norma le pide mitigar los efectos negativos.
Hablemos claro: el mismo organismo declara en marzo de 2021 que la actividad que desarrolla en el área se clasifica como No permitida, hasta que se tramite el respectivo Esquema de Implantación y Regularización.
Esto no es solamente un asunto legalista, es un asunto de interés público. Las mediciones dejan en evidencia que hay un impacto sonoro negativo porque los niveles permitidos, según las autoridades ambiental y de salud pública, se sobrepasan.
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El Esquema de Implantación y Regularización lo que debe permitir es que esto no ocurra y que, de parte de los promotores de la carpa, se hagan los esfuerzos técnicos para reducir la emisión de ruido. Pero ni la Administración toma cartas en el asunto, ni el empresario tramita el mencionado esquema ni la comunidad recibe respuestas.
Es desconcertante que, a pesar de la claridad jurídica que tienen las autoridades sobre lo que ocurre en este tipo de escenarios de eventos privados; la inacción termina incentivando el surgimiento de este tipo de equipamientos en otros puntos de la ciudad sin mucho control.
Los vecinos se preguntan una y otra vez qué tiene que ocurrir para que sus demandas justas sean atendidas y, más allá, qué es lo que ocurre en los organismos encargados de impartir autoridad para que los promotores de estos espacios privados puedan continuar su actividad incluso sin cumplir con los requisitos que exige la norma.
Mientras tanto, se realizan eventos de la Alcaldía, que debería controlar y que es la misma que dice que la mencionada carpa no cumple con todos los requisitos; y se llevan a cabo lanzamientos y cierres de campaña en este lugar ubicado en el barrio El Lido, lo cual parece arrojarnos pistas de lo que pasa.
De hecho, este fin de semana el grupo político de la hoy gobernadora del Valle hizo un evento con candidato presidencial abordo. Un entramado de favores políticos, firmas para una revocatoria y otros intereses particulares parecen ser el coctel que se toman los promotores y con el cual se pasan por la faja la norma. Mientras las autoridades, extrañamente, no actúan.
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