Ejercer la defensa judicial de una persona indiciada, imputada o acusada en Colombia es una tarea cada vez más difícil, especialmente para los abogados que creen en las bondades del Estado Social de Derecho y litigan apegados a la Constitución y la ley.
El sistema penal colombiano, copiado a rajatabla del modelo portorriqueño, convirtió a la Fiscalía General de la Nación en un leviatán enamorado de su propia fealdad, dispuesto a devorar al ciudadano inerme para rendir culto a un eficientísimo que busca el aplauso pasajero y la lisonja interesada.
La búsqueda de la verdad y la justicia desapareció como propósito institucional y se impusieron como supremos valores: ganar los casos, vencer en los juicios, preacordar y negociar los términos de la justicia, sin que importe encarcelar inocentes y premiar con impunidad a los delincuentes porque en este nuevo orden judicial todos los ciudadanos de bien son potencialmente culpables.
Mientras el Leviatán crece alimentado por las injusticias que el mismo cultiva con esmero, los demás poderes públicos se rinden a sus pies y parafrasean la ley hasta convertirla en una fanrarria. Los procuradores, invitados de honor del sistema, actúan como fiscales de apoyo; solo unos pocos realizan su labor en defensa del orden jurídico y resultan tan exóticos que se les puede recordar por el nombre y contar con los dedos de una mano.
Los fiscales generales de turno, henchidos de poder y ávidos de reconocimiento, amenazan a los jueces de control de garantías para que validen las injusticias y exponen a los indiciados como culpables usando para ello a los voraces medios de comunicación que se nutren de la chiva, aunque la chiva tenga patas y barbas falsas.
Mientras los abogados hacen esfuerzos sobrehumanos en audiencias concentradas, que por extensas se convierten en verdaderos campos de concentración judicial, luchando contra fiscales a quienes les da pereza argumentar y consideran que las normas procesales son prescindibles, el poderoso don Fiscal General adelanta procesos paralelos en los medios de comunicación donde aportan pruebas falsas o inexistentes, que solo pueden ser valoradas por los editores, jefes de redacción y periodistas, convertidos a la postre en jueces y verdugos.
En el caso del atentado al Centro Comercial Andino el poderoso don Fiscal General apeló a la amenaza cruda y grosera contra la juez del caso, quien presa de los nervios debió ser internada en una clínica el día que debía proferir la decisión. De nada sirvió la protesta que otros jueces hicieron sobre la indebida injerencia del poderoso don fiscal, quien de tanto sentarse en la independencia y autonomía de los jueces terminó con una lesión lumbar; la juez sucumbió y prefirió dictar una sentencia disparatada y contraevidente para evitar que la fiscalía la llevara con toga y martillo a la cárcel.
No de otra manera se explica que la honorable juez haya justificado la falta argumentación del fiscal del caso aduciendo que la única persona obligada a argumentar en las audiencias es el juez y que haya citado, para sustentar semejante desaguisado, una jurisprudencia de 1994 (cuando no existía el sistema penal acusatorio), relacionada con el derecho al trabajo. No de otra manera se explica que la honorable juez haya fundado su decisión en elementos materiales de prueba que no fueron ofrecidos por la fiscalía como el supuesto trozo de un panfleto encontrado en el baño del Centro Comercial Andino.
Mientras los abogados se batían en las audiencias con un fiscal deshilvanado e inseguro y un procurador atiborrado de libros de derecho penal, que a no dudarlo jamás ha leído y si lo hizo no los comprendió, en la revista Semana la fiscalía construyó un proceso paralelo filtrando supuestas pruebas que no fueron conocidas en el proceso de verdad, aunque surge la duda si el proceso verdadero, al que no pudo asistir la defensa, fue ante ese medio de comunicación.
(ver http://www.semana.com/nacion/articulo/las-evidencias-que-incriminan-a-detenidos-del-mrp/530731 )
El informe de Semana contiene 16 supuestas evidencias, 15 de las cuales no fueron presentadas por la fiscalía en las audiencias respectivas, pero al medio de comunicación poco le importó eso porque tenía la versión oficial y esta le fue suficiente para condenar en lugar de informar.
En los tiempos que corren los abogados defensores deben tener claro que no basta prepararse para actuar en los escenarios naturales de la justicia, también deben ejercer la defensa de sus clientes en los medios de comunicación donde la fiscalía despliega todo el poder para lograr que el tribunal de la opinión pública condene anticipadamente a quienes tienen el infortunio de afrontar un proceso penal.
El atentado del Centro Comercial Andino muy seguramente quedará en la impunidad, porque los verdaderos responsables no serán juzgados y condenados. La Fiscalía escogió a estos jóvenes como chivos expiatorios y decidió cerrar los ojos frente a otras posibilidades, tal vez porque la política es la que ahora rige la justicia y porque la conveniencia y el engaño desterraron a la verdad.
Quienes ejercen el litigio decente y honesto no pueden desfallecer, las víctimas de los falsos positivos judiciales los necesitan vigorosos, guerreros y dispuestos a enrostrarles a los poderosos fiscales y sus lugartenientes los abusos que comenten, hasta que algún día podamos construir una democracia basada en el respeto de la independencia de los poderes públicos, donde la fiscalía sea, ante todo, garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no un monstruo feo y cojo.
ADENDA:
El pasado fin de semana realicé una encuesta en twitter, con la siguiente pregunta: ¿Usted confía en la Fiscalía General de la Nación? Votaron 2.518 personas. Respondieron si el 10% y no el 90% Los resultados pueden confirmarse en mi cuenta @elmermontana
Encuesta sobre confianza ciudadana en la @FiscaliaCol pic.twitter.com/w2MTmSAdBN
— Elmer José Montaña G (@elmermontana) 4 de julio de 2017
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