Con frecuencia escucho a la gente quejarse porque a su celular o a su correo electrónico le llegan de manera constante mensajes ofreciendo servicios o ventas de productos que no ha pedido o en los que ni siquiera está interesado. Lo primero que se pregunta es por qué esas entidades tienen sus datos personales sin su autorización y hasta qué punto es efectivo el control que ejerce el Estado para proteger los datos personales. Se trata de una situación que no es solo molesta, sino que representa un riesgo para su seguridad y bienestar.
A través de esta práctica las personas no solo reciben información publicitaria convencional, sino que incluso, han llegado a ser víctimas de estafas, robos, secuestro de información o extorsiones. Según analistas, durante el primer semestre de este año en Colombia se registraron 6.300 millones de intentos de invasión a la información privada, lo cual representa un incremento del 70% respecto al 2021.
Precisamente, este año se están cumpliendo diez años de la promulgación de la Ley de protección de datos, cuya normatividad tiene el propósito de proteger el derecho de los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información que esté consignada en bases de datos o archivos. Igualmente, protege el derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre. Y si bien la norma representa un gran avance, es claro que aún persisten retos en su implementación y en la generación de una cultura de privacidad en el sector comercial e institucional.
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Esta inquietud de la gente frente al asedio de información recibida a través de mensajes de textos o de correos, la he podido palpar en los constantes diálogos que tenemos en las regiones, y nos llevó a actuar en búsqueda de soluciones a esta problemática. Por eso, La U presentó en el Congreso de la República el proyecto de Ley ‘Fortalecimiento de la protección de datos personales’.
La iniciativa tiene como finalidad fortalecer la protección de los derechos de los datos personales de los usuarios frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto, (SMS), mensajes web y correos electrónicos, de las empresas que prestan los servicios de comercio al detal y al mayor, e-commerce, hotelería, restauración y telecomunicaciones.
A través de este proyecto de ley se propone que los usuarios puedan tener acceso al Registro de Número de excluidos, para que sean ellos quienes decidan si habilitan o no sus datos en la base de datos de empresas que ofrecen dichos servicios comerciales. Para ello, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como administradora de este Registro, deberá adaptar la plataforma para que los usuarios puedan ingresar a ella.
Igualmente obligaría a las empresas a mantener actualizada la base de datos y excluir a quienes así lo soliciten. Así mismo, las empresas que recojan datos personales deberán discriminar cada uno de los usos que les darán a los datos y deberán indicar una casilla de aceptación o no por parte del usuario.
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Además, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio determine las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con las peticiones de sus usuarios a través de la plataforma del registro de números excluidos. Con este fin, deberá realizar semestralmente un seguimiento y evaluación del sistema, que le permita establecer el cumplimiento de las normas por parte de las empresas de comercio en relación con las solicitudes de los usuarios del Registro de Número de excluidos.
En mi opinión, lo bueno de escuchar a la gente es que podemos no sólo entender sus problemáticas cotidianas, sino actuar para construir entre todos las soluciones que se requieren. Esta iniciativa para fortalecer la protección de datos personales, es una manera de apostar a un país que avance cada día más hacia la justicia, la seguridad, la inclusión y el bienestar para todos.
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