Los resultados del plebiscito del 2 de octubre que le dieron el triunfo al NO, por un estrecho margen, dejó en la incertidumbre total la fase final del proceso de paz con las FARC, y dio paso a que los lideres de la opción ganadora se irrogaran el derecho de proponer, desde cambios sustanciales al documento suscrito entre Santos y Timochenko, hasta la eliminación total del mismo para iniciar un nuevo proceso de negociación.
Mientras los defensores del SI tratan de asimilar y comprender las causas de la derrota y los estudiantes convocan a marchas en todo el país, exigiendo que se cumplan los acuerdos, la extrema derecha utiliza el nuevo escenario para iniciar un dialogo entre sordos que debilite al gobierno y desacredite a la Unidad Nacional, con el objetivo de garantizar el triunfo del Centro Democrático en las próximas elecciones presidenciales.
Poco les importa, a quienes son presa de una incontenible sed de poder, que con el paso del tiempo surjan problemas de orden público, se produzca algún atentado terrorista o actos de provocación en los campamentos donde se encuentra concentrada la guerrilla y en consecuencia se reanuden las hostilidades, echando por la borda 6 años de negociación y la esperanza de millones de colombianos de alcanzar la paz.
En medio de este maremágnum político e institucional, han quedado al descubierto las corroídas bases éticas sobre las cuales esta edificada nuestra democracia.
Mas allá del debate sobre lo que se debe cambiar o modificar en los acuerdos, debemos prestar atención a la forma como se hace política en nuestro país. El uribismo, fiel al principio según el cual el fin justifica los medios, atribuida a NICOLAS MAQUIAVELO, llevó a cabo una estrategia desinformativa, según confesó el gerente de la campaña del NO, JUAN CARLOS VELEZ URIBE, al diario LA REPUBLICA, gracias a la cual lograron que los votantes reaccionaran indignados “y salieran a votar verracos”.
VELEZ URIBE, ebrio de triunfalismo, cual gamonal que se ufana del coto electoral que maneja a su antojo, puso al descubierto que los rumores que llenaron de pánico a muchos colombianos y los impulsaron a votar en contra de los Acuerdos de la Habana, no fueron obra de activistas febriles y entusiastas que actuaron por su propia iniciativa, sino que obedecieron a una campaña engañosa, muy bien asesorada por estrategas internacionales.
Sería ridículo negar que los lideres del NO promulgaron a los cuatro vientos que el gobierno impulsaría una reforma tributaria para financiar el post conflicto y que en la misma se contemplaba un descuento del 7% de la pensión de los jubilados, también insistieron en decir que serían eliminados los subsidios otorgados a los estratos mas pobres para subsidiar a los desmovilizados, que estos recibirían el equivalente a dos salarios mínimos mensuales, que la familia se disolvería debido a la imposición de la ideología de género, que serían cerradas las iglesias cristianas para dar paso a la instalación de centros de santería impuestos por el gobierno cubano, que los mandos guerrilleros pasarían a engrosar las filas de la fuerza pública con rangos de oficiales superiores, que automáticamente se implementaría el modelo económico y político adoptado en Venezuela, que se crearía una policía especial para perseguir judicialmente a quienes hicieran algún tipo de oposición a los acuerdos, que se aprobaría el aborto en todos los casos y se enseñarían practicas homosexuales en las escuelas y colegios, entre otras mentiras, que pese a lo disparatadas, absurdas y estúpidas calaron muy hondo en el imaginario colectivo, al punto de viciar la voluntad de muchos electores que votaron por el NO convencidos de poder evitar, de esta manera, semejantes horrores.
Cuando se disparó el escándalo y se supo que varios ciudadanos habíamos denunciado ante la justicia penal al gerente de la campaña del NO y a sus dirigentes por el delito de fraude al sufragante, el senador ALVARO URIBE desmintió a su gerente de campaña, pero se negó a aceptarle la renuncia, dejando claro que el único error que había cometido era haber soltado la lengua.
Están convencidos de que la justicia no puede sancionarlos por haber mentido, en un país donde la mentira se viste de frac y es recibida con respeto en todas partes. Cuentan a su favor que no existen reglas claras para hacer publicidad política y que así como es lícito prometer un puente para cruzar un rio que no existe, también lo es meterle miedo a la gente con engaños, como lo hicieron en la campaña del plebiscito.
Nadie sabe a ciencia cierta cuantas personas cayeron en el engaño, sin embargo, debemos tener en cuenta que en Colombia hay alrededor de 2 millones de jubilados y un número similar de miembros de las iglesias cristianas mas radicales. Por lo tanto es lógico deducir que el NO consiguió en este electorado un número importante de votos.
La descarada confesión de VELEZ y el potencial de victimas del fraude ponen en duda la legitimidad y validez de los resultados del plebiscito. La regla democrática que obliga a reconocer el triunfo de las mayorías, así sea por un voto, pierde validez cuando el votante ha sido engañado. Puestas las cosas de esta manera, corresponde a los órganos de justicia penal y electoral pronunciarse al respecto o dejar consignado que, “el todo vale”, es en realidad el supremo valor sobre el cual se edifica nuestra democracia participativa, y que venga entonces la catástrofe.
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