El panorama es el siguiente: en Quito, la capital del Ecuador, en todo el año 2022 se registraron 115 homicidios. En contraste, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2023, en Cali se habían cometido un número de homicidios similar, lo que demuestra la magnitud del fenómeno de violencia que se vive en la tercera ciudad de Colombia. No tengo duda de que la violencia y la inseguridad es la mayor preocupación que debemos tener en Cali y no es menos que un imperativo ético enfrentarla y que sea un propósito de ciudad erradicarla.
Ahora que se aproximan las elecciones locales, la agenda pública impone algunas prioridades y, estoy muy seguro, es imprescindible un programa político cierto y sensato que permita enfrentar el reto de la violencia. Es cierto, en los últimos 10 años, los homicidios en Cali tuvieron una reducción notable por una mezcla de políticas y estrategias que arrojaron buenos resultados. Si alguien se pregunta cuál es el mayor logro de la sociedad caleña en la última década, sin duda es haber reducido la violencia de forma sostenida. La mala noticia es que no fue suficiente.
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La violencia que enfrentamos en Cali sigue siendo alta en relación con el resto del país y es apenas inferior a la que se vive en México y en ciudades como Caracas. Eso, sin duda, es un reto ético porque compromete un número extraordinariamente alto de vidas, pero también porque la reputación e imagen internacional de la ciudad se ven seriamente afectadas. Creer, entonces, que la reducción de la violencia en los últimos años exime al próximo alcalde de tener a la lucha contra la violencia como una prioridad es equivocado.
Enfrentar la violencia exige de parte del gobierno local una capacidad fuerte para coordinar los esfuerzos necesarios para lograrlo de forma efectiva. El primer reto del alcalde es ejercer como jefe de policía, en un contexto donde la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no de la Alcaldía. Mientras en la línea de mando no esté el gobernante local, su papel es el de definir una línea general de política de seguridad y generar una relación fluida con los policías para que exista una adecuada cooperación. El reto es mayor cuando debe articular al Ejército con la Policía, una cooperación deseable en un contexto violento como el de Cali.
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Cali enfrenta retos fiscales para financiar la lucha contra la violencia, pero también serios problemas estructurales de exclusión, pobreza y segregación socioespacial. Una respuesta de mano firme contra la violencia solo será exitosa si aporta un componente que ayude a reducir brechas y genere dinámicas de generación de ingresos, participación comunitaria, construcción y mejoramiento de espacios públicos y que tenga un enfoque muy orientado a atender a las poblaciones más vulnerables, como los jóvenes. La receta está inventada, ojalá deje de estar sujeta a la voluntad - o ausencia de ella- del gobernante de turno.
Nada de lo que digo aquí es nuevo, pero en la medida en que se acercan las elecciones de alcalde, conviene que recordemos que es poco probable que Cali avance al ritmo que esperamos mientras siga siendo un campo de batalla entre organizaciones criminales, un nodo de ilegalidad y una ciudad que no es capaz de resolver de forma pacífica los conflictos que surgen entre vecinos. Interrumpir la violencia y su senda destructiva es una prioridad.
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El costo de la violencia en Cali es que sigamos rezagados con respecto a otras ciudades capitales y perdamos oportunidades de desarrollo y progreso social. En la siguiente década debemos reducir a la mitad los homicidios y generar cambios estructurales que le quiten espacios a la violencia y los factores que le crean entornos para que se reproduzca. Esto si queremos disfrutar el dividendo de la paz y la seguridad y evitar que ese costo que nos impone los violentos siga creciendo. De nosotros depende.
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