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El Código de Policía Nacional y de Convivencia….con el abuso

Cuentan los cronistas franceses de comienzos del siglo XIX que los representantes del orden y la riqueza acudían enloquecidos al lado del pueblo  y la chusma para ver pasar a los prisioneros encadenados, a quienes consideraban la “raza distinta que tiene el privilegio de poblar los presidios y la cárceles”.  Hoy en día son pocos […]

El Código de Policía Nacional y de Convivencia….con el abuso

Cuentan los cronistas franceses de comienzos del siglo XIX que los representantes del orden y la riqueza acudían enloquecidos al lado del pueblo  y la chusma para ver pasar a los prisioneros encadenados, a quienes consideraban la “raza distinta que tiene el privilegio de poblar los presidios y la cárceles”.  Hoy en día son pocos […]

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Cuentan los cronistas franceses de comienzos del siglo XIX que los representantes del orden y la riqueza acudían enloquecidos al lado del pueblo  y la chusma para ver pasar a los prisioneros encadenados, a quienes consideraban la “raza distinta que tiene el privilegio de poblar los presidios y la cárceles”. 

Hoy en día son pocos los países que mantienen el espectáculo público de las hordas de supliciados, sin embargo, en todas partes los privados de la libertad, por cuenta de los órganos de justicia institucionalizados, siguen siendo vistos como esos otros, esa especie rara a la que nunca habremos de pertenecer.

Bajo esa premisa muchas naciones cayeron en la trampa considerar que las limitaciones de los derechos, especialmente la libertad, consagradas en los estatutos penales y las normas de policía solo podían afectar a los malos ciudadanos, es decir,  a los miembros de  “la raza de infractores”.

Debido a ese error pudieron entronizarse las peores dictaduras en la historia reciente. Los colombianos no hemos sido ajenos a esta forma de pensar. Para no ir muy lejos a finales de la década de los 70s durante, el gobierno de Turban Ayala, se puso en vigencia el célebre ESTATUTO DE SEGURIDAD, dirigido a conjurar las continuas alteraciones de orden público provocadas por las protestas sociales y los grupos de izquierda.

Al poco tiempo comenzaron los abusos masivos por parte de la fuerza pública contra la población civil, especialmente los jóvenes. Las estaciones de policía y los cuarteles militares se convirtieron en escenario de las más oprobiosas y crueles violaciones de los derechos humanos. Contrario a lo que se buscaba, el ESTATUTO DE SEGURIDAD alentó a muchas personas  a vincularse a las organizaciones subversivas, como expresión de rebeldía contra el abuso y el atropello.

Siendo una de las características de los colombianos el desprecio por la memoria histórica, sepultamos en el pasado los horrores padecidos durante el régimen de Turbay.  Años después a un ministro de defensa, avalado por el presidente, se le ocurrió la brillante idea de proferir un decreto de estímulos para la fuerza pública basado en el número de bajas de subversivos que reportaran a sus superiores. Resultado: más de 4400 casos de falsos positivos, es decir, de civiles inocentes asesinados y presentados como guerrilleros o terroristas por miembros de los organismos de seguridad del Estado colombiano.

La justicia no había terminado aún de vincular a soldados, oficiales y generales de la república en las investigaciones por falsos positivos  cuando el Congreso dio inició la aprobación de un nuevo Código Nacional de Policía, contentivo de normas que otorgan facultades discrecionales a la policía para realizar allanamientos a su antojo y privar de la libertad, transitoriamente, a los ciudadanos por motivos absurdos y ridículos e imponer multas por comportamientos que escasamente merecen un reproche moral.

Después de 44 años de vigencia de un código de policía inútil, el gobierno nacional radicó un proyecto de ley para poner en vigencia un nuevo estatuto del mismo orden,  que en términos generales representa una herramienta necesaria para mejorar la convivencia ciudadana, a partir de una nueva forma de relación entre los individuos con  las autoridades, el medio ambiente y los animales.

Pese a las buenas intenciones del gobierno, el proyecto prevé limitaciones a los derechos fundamentales a  libertad de locomoción, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, a la protesta y a la libre expresión entre otros, que deben ser consideradas como un asunto serio y de la mayor importancia. 

De aprobarse el código, tal y como está, la policía quedaría facultada para realizar allanamientos y retenciones de la personas, sin orden judicial, con argumentos como evitar que alguien se cause daño o lo produzca a un tercero, encontrándose bajo el influjo de sustancias estupefacientes o el licor o cuando el morador ejecute “vías de hecho” desde su vivienda, como por ejemplo,  elevar el volumen de su equipo de música o lanzar insultos contra los peatones. Igualmente la policía podría penetrar en el domicilio para verificar el estado de las mascotas o la presencia de animales amarrados o encerrados.

El código también le otorga facultades a la policía para privar transitoriamente de la libertad a quien deambule y de muestras de encontrarse en grave estado de alteración como consecuencia de consumo de licor o de sustancias alucinógenas. En estos casos se impondrá el criterio del policía, quien determinará si la persona representa un peligro para sí misma o para los demás. Semejante despropósito ha motivado  respuestas de todo tipo. Hay quienes incluso, con envidiable buen humor han dicho que tendrán que tomar clases de glamur y modelaje para caminar de manera impecable y no llamar la atención de la policía.

En cuanto a la protesta social, las marchas, mítines y movilizaciones ciudadanas no pueden alterar la movilidad so pena ser inmediatamente disueltas por la policía. Eso supone, entonces, que adelante los inconformes tendrán que marchar por el andén, en fila india, respetando las cebras, los pares y los semáforos.

En código no exime ningún espacio de la vida pública o privada donde la policía pueda intervenir a su antojo. De hecho nadie puede consumir licor o estupefacientes en los espacios públicos. Bien por el control que se ejercerá con los establecimientos que usan los andenes como extensión de bares y cantinas, pero resulta exagerado que una persona sea multada o retenida por consumir una cerveza mientras toma la brisa en un parque o se fuma un porro en una calle solitaria. Que no decir de la prohibición de escuchar las conversaciones ajenas, incluyendo las de los familiares, castigada con multa. Harto trabajo tienen los inspectores de policía como para atosigarlos con quejas por  “invasión auditiva a la intimidad”.  

El proyecto de código esta maculado por excesivas facultades concedidas a la policía en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y  bajo ninguna circunstancia podemos permitir que sea aprobado para que haga añicos el edificio del  estado social de derecho que hace apenas unos lustros empezamos a construir.

Los legisladores deben recibir un mensaje claro y contundente por parte de la sociedad civil, en el sentido de que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales en pos de una supuesta convivencia ciudadana, que en todo caso sería más parecida a un régimen de terror que a otra cosa.

Parafraseando un viejo aforismo podríamos terminar diciendo, por ahora, “Dime que código de policía tienes y te diré en qué clase de democracia vives.”

 

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Colegio Bilingüe público para Cali

Por ahora, Cali no cuenta con una política pública de bilingüismo. La anterior administración la formuló, pero no fue aprobada.

Colegio Bilingüe público para Cali
Especial para 90minutos.co

Por ahora, Cali no cuenta con una política pública de bilingüismo. La anterior administración la formuló, pero no fue aprobada.

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De las 350 instituciones educativas oficiales de Cali, ninguna es completamente bilingüe. Son al menos 337 mil niños que están perdiendo la posibilidad de graduarse con un conocimiento superior del inglés o cualquier otra lengua extranjera. Las 10 instituciones que brindan esta posibilidad en Cali son privadas.

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Es necesario empezar con una transición a la institución pública bilingüe y reconocer los caminos que se pueden abrir. La tasa de bilingüismo en Bogotá, por ejemplo, es de casi 95 personas por cada mil habitantes, lo que ha posibilitado la llegada de empresas tercerizadoras de servicios, call centers y otras posibilidades de empleo. Los sectores de Tecnologías de la Información (IT) y tercerización de servicios (BPO) le aportan a Bogotá cerca de 315 mil empleos, que equivalen a más del 7 % de las plazas de trabajo que genera la ciudad.

A Cali no le ha llegado este momento porque su tasa de bilingüismo es mucho más baja, de 58.64 personas por cada mil habitantes. Sumando lo mencionado con el potencial eco turístico de la ciudad y actividades de avistamiento de aves, los clúster de la salud y el deporte, no solo deberíamos establecer una educación pública bilingüe, sino graduar a los jóvenes con técnicos comerciales y formación en turismo certificados por el SENA. Hay como aprovecharlo. En los últimos diez años, han llegado a la ciudad 59 proyectos empresariales de estos sectores, de diferentes países, con inversiones que superan los $38 millones de dólares, y han generado 8.900 empleos directos y formales.

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Este es un proceso importante, que requerirá empezar por un solo colegio y luego replicar el modelo en varias instituciones más, habiendo aprendido lecciones. Tomemos un colegio insignia como el Antonio José Camacho o el Santa Librada y empecemos. En Madrid, España, comenzaron este proceso hace unos 17 años y hoy, uno de cada tres niños de la ciudad está escolarizado bajo esta modalidad. Barranquilla ya empezó, y tienen el primer colegio público bilingüe del país, el Instituto Técnico Bilingüe Jorge Nicolás Abello, que ha empezado a dar frutos.

Por ahora, Cali no cuenta con una política pública de bilingüismo. La anterior administración la formuló, pero no fue aprobada. La administración actual revivió el compromiso pero no hay recursos ni mecanismos efectivos para hacer de esta política una realidad. Siento que estaremos desaprovechando el tiempo si no avanzamos en este aspecto educativo. Corremos el riesgo de desmotivar la generación de empresas y los alcances internacionales de muchos emprendimientos.

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La Ciudad Inteligente es una necesidad para Cali

Tal propósito empresarial y tecnológico se puede hacer a través de nuestras empresas municipales de Emcali.

Tal propósito empresarial y tecnológico se puede hacer a través de nuestras empresas municipales de Emcali.

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Tal propósito empresarial y tecnológico se puede hacer a través de nuestras empresas municipales; apalancando financiera y tecnológicamente el componente de telecomunicaciones de Emcali.

Lea también: ¿Cómo hacerle frente a la ola de inseguridad y violencia en Cali?

La empresa tiene un capital humano extraordinario; que, con el apoyo de la Alcaldía, sacará adelante este importante proyecto para la ciudad.

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El balance del año

Cali no solo enfrentó una crisis económica profunda por la pandemia, sino que se convirtió en el epicentro de las movilizaciones sociales.

El balance del año

Cali no solo enfrentó una crisis económica profunda por la pandemia, sino que se convirtió en el epicentro de las movilizaciones sociales.

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A pocas horas de concluir el año 2021, resulta inevitable hacer un balance de lo que hemos vivido como ciudad en este tiempo. Cali no solo enfrentó una crisis económica profunda por la pandemia, con el desempleo más alto entre las grandes ciudades del país y con un retroceso de casi 20 años en indicadores de pobreza, sino que se convirtió en el epicentro de las movilizaciones sociales más fuertes que ha tenido Colombia en años. En un coctel de insatisfacción popular mezclada con grupos violentos que aprovecharon el desorden, Cali vivió una espiral de destrucción de capital social y físico sin precedentes del que aún no nos recuperamos totalmente.

El primer semestre de 2021 nos dejó una ciudad con los homicidios al alza por primera vez en una década, con 680 muertes violentas al 30 de junio. En materia de recuperación del empleo, la ciudad avanzó a menor ritmo que otras capitales como Barranquilla y Medellín y el deterioro de la percepción de la ciudadanía en sus instituciones llegó a niveles preocupantemente bajos, lo que nos debe alertar sobre la necesidad de recuperar la confianza de la gente. Sin ese aspecto, es muy difícil que la gente se sienta parte de una ciudad que avanza y participe del cambio que necesitamos.

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Cali es una ciudad con un inmenso potencial y una gran capacidad de recuperarse. En este segundo semestre, a pesar de duros debates alrededor de hechos que comprometen la credibilidad de las instituciones ante los ciudadanos, hemos podido avanzar. Para noviembre, teníamos la tasa de desempleo más baja desde el inicio de la pandemia y se recuperó el sector nocturno y las industrias culturales. Si bien aún tenemos unos retos gigantes en movilidad y seguridad, por citar dos temas de gran preocupación, resulta fundamental reconocer que en Cali se está intentando recuperar la vida que se llevó la pandemia y es un propósito colectivo.

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La reconstrucción de Cali pasa por algo más que rehabilitar infraestructuras destruidas como la del MIO. En 2022, en conjunto con la sociedad civil, los empresarios y el sector público, se deberán enfrentar retos enormes para la recuperación de la confianza de la gente, cuya pérdida hoy constituye la mayor y más profunda crisis que atravesamos. Ese capital social es clave para la reconstrucción de Cali, para que vuelva el civismo, la cultura ciudadana y las perspectivas dejen de ser sombrías.

Si el año 2021 fue el segundo año en crisis profunda, 2022 debe ser el año de la recuperación. Poner los ojos en el empleo, en detener la espiral de violencia e inseguridad, desarrollar proyectos estratégicos como el tren de cercanías y devolverles credibilidad a las instituciones públicas son objetivos fundamentales sobre los cuales debemos sustentar el avance en la siguiente década. Que esta sea la última Navidad en medio de esta crisis profunda.

¡Feliz Año caleñísimo!

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