Por: David Millán Orozco
Se equivocan quienes consideran que el Estado debe tener poca relación con el comportamiento económico de la sociedad. Quienes así piensan, o son defensores a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales, o son gobernantes alejados del principio de la planeación en todos los aspectos de la administración pública, especialmente lo relacionado con las finanzas de las entidades territoriales, o siendo administradores de lo público están al servicio del sector privado. No es por tanto extraño encontrar departamentos, distritos y municipios con cifras realmente precarias, que para responder a las demandas de la población generan alta dependencia del sistema general de participaciones - SGP y otras fuentes de la Nación, o del crédito, ante cuya oportunidad acecha la banca privada, harto conocedora de la hacienda pública y sus debilidades.
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Una ciudad quebrada es entonces el reflejo de incapacidad de gestión en las finanzas públicas, por parte de gobernantes distanciados de las reales necesidades de inversión del presupuesto público. Y esto -triste y preocupantemente- aqueja hoy a Cali. No se entiende cómo algunos problemas crónicos, que demandan relativamente poca inversión, o cuyo presupuesto es de asignación específica, no mejoran en sus indicadores durante varios periodos. Pero tampoco se entiende cómo no se utilizan los instrumentos y mecanismos de gestión y financiación del desarrollo territorial. O cómo es posible que los gobernantes decidan liquidar empresas industriales y comerciales del Estado EICE, o empresas de servicios públicos ESP; o que sean tan débiles algunas empresas de otra naturaleza como las ESE, cuando su participación de cada una en sus respectivos sectores del desarrollo podría generar beneficios que fortalezcan las finanzas distritales.
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En relación con esto último la economista Mariana Mazzucato (2019), indica que en algunos países industrializados las más importantes innovaciones en sectores informático, de defensa y energético, entre otros, se gestaron con recursos del Estado, y que por tanto aquella visión que objeta la posibilidad de que el Estado emprenda, es, cuanto menos, equivocada en los actuales momentos, cuando se requiere de una articulación decidida de los presupuestos públicos y privados para alcanzar nuevos estadios de desarrollo y el bienestar general de la población.
Como quiera que el panorama de nuestra ciudad es preocupante, en el Colectivo Urbano regional – CUR, proponemos el siguiente decálogo de actuaciones que sometemos a la conversación pública para que juntos construyamos el camino que Cali necesita para el fortalecimiento de sus finanzas públicas.
- Austeridad en el gasto público, orientándolo, primero, a los servicios básicos esenciales.
- Incrementar los ingresos corrientes de libre destinación ICLD, por la vía de ajustes diferenciados del impuesto predial, conforme propone el Plan Nacional de Desarrollo.
- Realizar abonos a obligaciones crediticias aprovechando negociaciones con la banca pública y ajustes a las tasas de interés de la banca privada.
- Revisión del estado de resultados de las empresas públicas, orientando cambios donde se presente alta dependencia de la administración central.
- Promover la participación de empresas públicas distritales en sectores de alta rentabilidad social y económica, en asocio con capital privado.
- Justificar con datos ciertos, ante el Gobierno Central, la mayor participación del Distrito de Cali en el Sistema general de participaciones - SGP.
- Aumentar la eficiencia del Distrito en la estructuración de proyectos para la más alta participación en el Sistema general de Regalías - SGR.
- Fortalecer la capacidad de gestión de la Administración Distrital ante recursos de Cooperación internacional.
- Utilización de mecanismos e instrumentos de financiación del desarrollo territorial, tales como Valorización y Participación en plusvalías urbanas.
- Establecer una veeduría ciudadana al gasto público.
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En relación con la necesidad de articular capital público y privado, en nuestro gobierno se aprobarán asociaciones – APP (ley 1508 de 2012), que garanticen la prestación de servicios o el cumplimiento de algunas labores con la más alta eficiencia y rentabilidad para las partes. De la misma manera se dará impulso a las asociaciones público-comunitarias (populares), de tal modo que con la participación de recursos del Estado se promueva la economía popular (Proyecto de ley Plan Nacional de desarrollo, art. 72). Así contribuiremos al crecimiento y consolidación de una estructura productiva en capacidad de generar empleo, aumento del consumo, bienestar, seguridad y paz en nuestra ciudad.
No es oponiendo distintas visiones de la economía como administraré una ciudad quebrada; lo haré propiciando el encuentro de los sectores, los actores y todos sus esfuerzos, pero sobre todo generando confianza a una sociedad que, más que debates intelectuales sobre finanzas públicas, reclama transparencia y eficiencia en los asuntos del Estado. Gracias.
