Este 26 de agosto se llevará a cabo la Consulta Anticorrupción, en la cual deben participar más de 12’231.314 de votantes para ser aprobada. El mecanismo de participación está formulado en siete preguntas que se responden con un "sí" o "no". 90 Minutos le explica en qué consisten desde el punto dos hasta el siete. Si quiere conocer más detalles de la primera pregunta, la que propone bajar el sueldo de los congresistas, puede dar click aquí.
Cárcel para los corruptos
La mitad de las personas condenadas por delitos de corrupción en Colombia no pagan cárcel y solo el 25 por ciento son beneficiadas con la detención domiciliaria. Con estas cifras de un estudio del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia de 2017, la segunda pregunta de la Consulta Anticorrupción tiene su principal sustento.
Por tal motivo, este domingo 26 de agosto se les pregunta a los votantes si están de acuerdo que los corruptos cumplan la totalidad de las pernas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial. Además, que el Estado cancele los contratos con los condenados y las personas jurídicas de las que hagan parte.
Cabe anotar que la consigna del Estatuto Anticorrupción es similar, dado que excluye a los condenados por corrupción de prisión domiciliaria, libertad condicional, vigilancia electrónica. Sin embargo, los promotores del mecanismo de participación señalan que la prisión especial no figura en la ley, por lo que algunos corruptos han gozado de este aspecto.
De hecho, hay casos en donde los condenados fueron recluidos en lugares especiales, mas no en cárceles especiales. Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, es un ejemplo de esto tras ser enviado a la Escuela de Carabineros en donde paga una condena superior a 24 años.
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Contratación transparente
La pregunta 3 de la Consulta busca que las contrataciones del Estado con terceros sean más transparentes al obligar el uso de pliegos tipo. Este tipo de documentos establece que los contratistas deben cumplir ciertas exigencias que, usualmente, no se concretan en otro tipo de concertaciones.
Una de estas es el pueblo sastre, que es usado por los corrupción para entregar convenios a amigos y, así, tener ganancias a partir del gasto público. Pero el problema no solo acaba ahí, pues puede generar largas tardanzas en la realización del acuerdo.
Otra es fomentar la elección de los contratistas por meritocracia, evitando que en las licitaciones solo se presente un candidato. Aunque los pliegos tipo ya fueron aprobados este año, solo es aplicable para la contratación de infraestructura.
Ciudadanía, atenta a cómo se administra el gasto público
La cuarta pregunta establece que la ciudadanía decida el desglose y priorización del presupuesto de inversión desde lo nacional hasta lo local. Esto se haría mediante audiencias públicas, en donde también se rendirían cuentas sobre el avance de los proyectos del Estado.
Su importancia hizo que Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, calificara el punto como “el alma” de la Consulta. Este aseguró a Radio Nacional que, “necesitamos información pública de calidad, que es algo que viene sucediendo en el país, pero que precisamente es una rendición de cuentas nula”.
Ahora bien, lo que cabe preguntarse es qué tan interesados pueden mostrarse los ciudadanos por la administración del gasto público, y aunque la abstención cayó en un 46.62 por ciento en la segunda vuelta de las presidenciales, aún es visible la falta de interés o herramientas para que las personas estén pendientes de este tipo de información.
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Congresistas deben rendir cuentas de su labor
A pesar de que la ley establece que los congresistas deben cumplir con sus funciones, la pregunta 5 espera la adopción de mecanismo para hacer público el accionar de los legisladores de forma anual.
Es decir, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares y proyectos, así como inversiones públicas en candidatos afines.
Además, se quiere evitar el ausentismo que es usual en algunos episodios. Aparte de las dificultades que presentó la JEP, el ausentismo también tuvo otro caso igual o más sonado. Ocurrió en mayo del 2017, cuando un proyecto contra el ausentismo se cayó por falta de senadores.
Sin embargo, los límites del punto 5 de la Consulta no acaban ahí, dado que también formula que los congresistas presenten su declaración de renta para conocer el origen de sus ingresos, egresos e inversiones.
Hacer públicos los ingresos y propiedades de los electos
Todos los electos podrán posesionarse si y solo si hacen públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas pago de impuestos y conflicto de interés. Esta medida, señala en el punto 6, se aplica a alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta presidentes de la República.
El objetivo de la pregunta es que esta información esté dispuesta al escrutinio de la ciudadanía. En caso de que el electo disponga de ingresos injustificados, las autoridades abrirían una investigación penal para extinguir el dominio.
Además, la pena también se aplica a su potencial red de testaferros como su pareja sentimental permanente y pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
Tres periodos máximos en el Congreso y otras dependencias
Desde las Juntas Administrativas Locales a Asambleas Departamentales y el Congreso se aplicaría el límite de tres periodos para que los elegidos no se “atornillen” al poder y que se roten diferentes posiciones políticas en las corporaciones públicas.
Uno de los casos más reiterados es el del conservador Roberto Gerleín, de 79 años, que luego de 48 años en el Congreso se retiró de la política por su estado de salud antes de las últimas elecciones parlamentarias. Sin embargo, fue en estas en donde obtuvo más de 8 mil votos, dado que la Registraduría no alcanzó a retirar su nombre del tarjetón.
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