El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó el arancel global del 10 % impulsado por el presidente Donald Trump, al considerar que la medida no estaba respaldada correctamente por la ley utilizada para justificar su aplicación.
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La decisión representa un nuevo revés judicial para la política comercial de Trump, quien había implementado este impuesto a las importaciones tras otros fallos que también cuestionaron varias de sus estrategias arancelarias.
Según el tribunal, el Gobierno utilizó de forma incorrecta una normativa comercial de la década de 1970 para imponer el gravamen de manera generalizada a productos provenientes de numerosos países. Los jueces concluyeron que el Ejecutivo excedió las facultades otorgadas por esa legislación.
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Nuevo revés para la política comercial de Trump
Además, el fallo se produjo después de demandas presentadas por pequeñas empresas y sectores afectados, que argumentaban que los aranceles estaban incrementando costos y perjudicando sus operaciones comerciales.
La administración Trump había defendido la medida asegurando que buscaba enfrentar déficits comerciales y proteger la economía estadounidense. Sin embargo, el tribunal señaló que las condiciones exigidas por la ley para aplicar este tipo de aranceles no se cumplían en este caso.
El arancel del 10 % había comenzado a aplicarse desde febrero de 2026 y tenía carácter temporal, aunque el Gobierno analizaba extenderlo mientras avanzaban nuevas investigaciones comerciales.
Aunque la decisión judicial beneficia inicialmente a las empresas que demandaron, expertos consideran que podría abrir la puerta a más reclamaciones por parte de otros importadores afectados por estos cobros.
Por otra parte, se espera que la Casa Blanca apele el fallo, lo que podría llevar nuevamente el caso a tribunales superiores e incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La política arancelaria de Trump ha generado controversia desde su regreso a la presidencia, especialmente por las tensiones comerciales con países como China, Canadá y miembros de la Unión Europea. Sus medidas también han provocado críticas de empresarios y analistas económicos, quienes advierten sobre posibles aumentos de precios y afectaciones al comercio internacional.
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