Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó la imputación de cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas.
Entre los imputados se encuentran dos coroneles, un Brigadier General, un mayor, un capitán, dos sargentos, dos tenientes coroneles; un cabo y un tercero civil, por falsos positivos. Lo anterior, en el marco del subcaso 'Norte de Santander'; del caso 03; ahora llamado 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado'.
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La JEP señaló que dichos militares participaron en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander); siendo presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, para así aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar.
“La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada; ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, señaló la JEP.
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Militares imputados
Los imputados, identificados como máximos responsables por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son los siguientes:
El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
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Asimismo, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN. También al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
La autoridad emitió un auto de 284 páginas explicando a los imputados los delitos por los cuales son investigados. Los militares cuentan con 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad, o rechazarlos. Al terminar el mencionado período de tiempo, y recibir la respuesta de los comparecientes; la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento. Dicha audiencia contaría con la participación de las víctimas.
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