La Policía Metropolitana de Cali, junto con la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una banda delincuencial de apartamenteros dedicada al hurto de residencias, en su mayoría de narcotraficantes; capturando a 47 integrantes vinculados con actividades delictivas. Dentro de éstos, cayeron 16 policías involucrados.
Al parecer, otros uniformados de la Policía habrían alertado sobre la situación. De ahí, comenzó una investigación desde la oficina de Asuntos Internos de la institución.
El modus operandi de estos apartamenteros comienza a partir del perfilamiento de las víctimas, que conocían la existencia y ubicación de las caletas; por lo que les ofrecían a cambio porcentajes representativos por información de las mismas. Aunque, cuando los afectados se negaban a dar información, esto podría costarles la vida.
Ya conociendo los detalles, se apropiaban de los sistemas de grabación de las cámaras de vigilancia y procedían a hurtar sólo dinero y joyas de las residencias, sin considerar electrodomésticos, vehículos u otros elementos.
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Ganancia de los apartamenteros
Las autoridades conocieron que estos hurtos podían superar los $500 millones de pesos, que no eran denunciados por el origen ilegal del dinero (narcotráfico). La banda se aprovechaba de este aspecto para seguir ejecutando los hurtos.
Estos dineros los invertían en préstamos, compraventa de vehículos y, como estrategia, no adquirían bienes suntuosos para no llamar la atención de las autoridades.
Cabe resaltar que de estos hurtos también se beneficiaban 16 policías que, al momento de la captura, al parecer entregaron información y evidencias para realizar las órdenes de captura. A los uniformados involucrados los apartaron de las directrices institucionales.
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Delitos imputados
Las autoridades imputarán a los capturados bajo los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. Los uniformados responderán por los cargos de prevaricato y cohecho por el favorecimiento de los delincuentes.
Que sumarían alrededor de 110 procesos judiciales por otras conductas penales y más de 60 registros por comportamientos contrarios a la convivencia.
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