Se trata de Mónica Andrea Bravo Bermúdez, funcionaria de la regional Pacífico de la Defensoría y Javier Enrique Bermúdez; quienes habrían contratado a dos miembros de una oficina de cobro en Cali para averiguar por el destino de 40 millones de pesos, que a ella se le habían extraviado de su casa.
“Los hechos al parecer tiene origen en el hurto a una caja fuerte con 40 millones de pesos (…) El día 31 de enero de 2021; la funcionaria cita a tres personas, las cuales consideró ser las responsables del referido hurto. Allí los esperaban unos hombres armados, que se identificaron ser de una oficina de cobro de la ciudad de Cali”, señaló Diana Hernández, directora seccional Valle.
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Y agregó, “Los retienen contra su voluntad, los amarran, los trasladan a una finca; los golpean y torturan colocándoles bolsas plásticas en sus cabezas y a uno de ellos le propinan un impacto por arma de fuego; con el propósito de tener información con respecto de lo hurtado”, afirmó Hernández.
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Seguidamente, ante la negativa de estas personas de dar información, deciden dejarlos en libertad, amenazándolos si decidían instalar alguna denuncia.
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