Recientemente, 8 de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado, en donde debería discutirse la reforma laboral del Gobierno, radicaron una ponencia de archivo, generando automáticamente su hundimiento virtual.
Este acto fue catalogado por el presidente Gustavo Petro como un bloqueo institucional, por lo que anunció la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y de salud.
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Por ello, a través de alocución nacional, el mandatario indicó que iniciará el proceso para convocar la consulta popular. Para que sean los colombianos quienes decidan en futuro de las reformas laboral y de salud, tras el revés sufrido en la comisión séptima del senado.
Ante este panorama en 90 Minutos hablamos con expertos y diferentes sectores políticos para conocer qué implica este mecanismo.
Y es que, este mecanismo está consagrado en la constitución de Colombia, de acuerdo al artículo 103 los ciudadanos podrán ser convocados nacional y regionalmente a decidir sobre cuestiones de carácter fundamental.
La consulta popular, un mecanismo de participación para la ciudadanía
Frente a esto, la directora del programa de derecho de la UAO, manifestó que la consulta popular es un mecanismo que permite preguntarle a la ciudadanía respecto a temas que puedan ser de interés para ellos.
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Este mecanismo de participación ciudadana supone varios retos importantes para el Gobierno, uno de ellos tiene que ver con el mismo congreso, quien debe aprobar este llamado a consulta. Sin contar con el censo electoral que deberá aprobar la reforma.
“El Presidente debe de presentar la solicitud al Senado y estos deben de aprobarla. Suponiendo que se apruebe, se tendría que convocar y decirle a la ciudadanía que participe en la consulta popular, en la que deben de participar alrededor de 13 millones de personas (teniendo en cuenta el censo electoral). Más del 50% deben decir que sí”.
Directora del programa de derecho de la UAO
A nivel político, son muchas las reacciones que han surgido a lo largo del territorio nacional, una de ellos de Alejandro Ocampo, quien rechazó la ponencia de archivo en la comisión séptima, asegurando que son decisiones que obedecen a interés económicos.
“Se hace elegir con votos de la gente en las elecciones, pero en el congreso vienen a servirle a los intereses de los empresarios y de aquellos que financian sus campañas”.
Alejandro Ocampo, representante Cámara de Representantes por el Valle – Pacto Histórico
Para el congresista Christian Garcés, lo que busca el gobierno es un nuevo mecanismo de indignación popular. De cara fortalecer al partido para las elecciones del próximo año.
“Creerán que pueden generar esa indignación para que el pueblo colombiano salga de nuevo a votar por el Pacto Histórico”.
Christian Garcés, representante Cámara de Representantes por el Valle – Centro Democrético
Retomando la consulta popular, otro de los retos que tendrá el Gobierno es condensar en preguntas de si y no, dos proyectos robustos como lo son el laboral y de salud.
Con el llamado a consulta popular, una de las caras visibles de la oposición indicó que desde ya comenzará la campaña para que los colombianos voten ‘no’. A la par de estos anuncios, la senadora Norma Hurtado radicó una ponencia alternativa de la reforma laboral, que proyecta un equilibrio entre empleados y empleadores.
Con este panorama, el senado tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir su opinión sobre la consulta popular. Seguidamente, deberá desarrollarse en un plazo no mayor a cuadro meses tras dicha decisión del legislativo.
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