En cada jornada electoral en Colombia, miles de ciudadanos son designados como jurados de votación, una función considerada clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de estos actos democráticos.
Sin embargo, aunque se trata de un deber obligatorio, la Registraduría Nacional recordó que existen circunstancias específicas en las que una persona puede quedar exenta de cumplir con esta labor. Siempre y cuando presente las pruebas correspondientes ante la autoridad electoral.
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Jurados de votación: una obligación como ciudadano
De acuerdo con el artículo 108 del Código Electoral, los jurados de votación son ciudadanos encargados de atender las mesas durante las elecciones, verificar la identidad de los votantes, entregar los tarjetones y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.
Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de que quienes sean seleccionados conozcan tanto sus responsabilidades como las situaciones que les permiten justificar su ausencia.
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Entre las principales causales de exoneración se encuentra la grave enfermedad del jurado o de familiares cercanos como su cónyuge, padres o hijos.
También aplica en casos de fallecimiento del jurado o de alguno de estos familiares dentro de los tres días anteriores a la elección o el mismo día de los comicios.
Asimismo, están exentos quienes no residan en el municipio donde fueron designados, los menores de 18 años, excepto en elecciones de Consejos de Juventud. Y las personas que hayan inscrito su cédula y voten en otro municipio.
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La Registraduría explicó que los ciudadanos deben acercarse a la registraduría municipal, especial o distrital que realizó la designación y radicar los documentos que acrediten la imposibilidad de prestar el servicio.
En caso de enfermedad, será necesario presentar un certificado médico expedido bajo gravedad de juramento. Si se trata del fallecimiento de un familiar, deberá anexarse el certificado de defunción.
Para demostrar la no residencia en el lugar asignado, se requiere una certificación expedida por la autoridad competente del sitio donde vive el ciudadano. Las autoridades electorales también advirtieron sobre las sanciones para quienes incumplan esta obligación sin una justificación válida. Los servidores públicos podrían ser destituidos de sus cargos, mientras que los ciudadanos particulares se exponen a multas de hasta diez salarios mínimos legales vigentes (SMLV).
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