La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el cierre de los procesos penales y la eliminación de antecedentes judiciales contra 36 militares involucrados en los llamados falsos positivos ocurridos entre 2006 y 2008 en Norte de Santander.
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La decisión, tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se basó en que estos no eran los máximos responsables de los crímenes y cumplieron con los compromisos de verdad, no repetición y dignificación de las víctimas.
Esta medida, amparada bajo el Acuerdo Final de Paz de 2016, les concede la renuncia a la persecución penal, extinguiendo cualquier sanción y permitiéndoles reincorporarse plenamente a la sociedad.
¿Quiénes son los beneficiados?
Entre los exonerados se encuentran 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente.
Todos ellos habían sido procesados por su participación en homicidios en persona protegida, homicidios agravados y desaparición forzada.
Los 36 militares admitieron su responsabilidad en seis casos específicos, donde ocho civiles fueron asesinados en municipios de Norte de Santander.
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Además, detallaron sus roles en la planeación, ejecución y encubrimiento de estos hechos, una acción que fue valorada por la JEP como una contribución significativa a la verdad.
El rol de las víctimas en el proceso
Para garantizar los derechos de las víctimas, los comparecientes participaron en siete Audiencias de Seguimiento a Régimen de Condicionalidad.
Durante estas sesiones, respondieron a las demandas de verdad y reconocimiento planteado por los familiares de las víctimas, quienes buscan por los familiares de las víctimas, quienes buscan justicia por uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.
Según datos de la JEP, el caso de los falsos positivos dejó un saldo de 6.402 víctimas en todo el país.
Estas ejecuciones consistieron en presentar a civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate para inflar las estadísticas militares.
Compromisos y posibles sanciones
El beneficio concedido a los militares podría ser revocado si incumplen sus compromisos con la justicia transicional.
Esto incluye la comisión de nuevos delitos, la falta de respuesta a los requerimientos de la JEP o el incumplimiento de acciones de restauración hacia las víctimas.
En caso de que esto ocurra, sus casos serían remitidos a la justicia ordinaria para continuar con los procesos correspondientes.
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