La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia pidió este viernes a la jueza que lleva el caso contra el expresidente Álvaro Uribe -por presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno- que sea declarado inocente.
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Así lo expresó el procurador delegado para este caso, Bladimir Cuadro, quien consideró que durante el juicio no se presentaron pruebas contundentes que vinculen al líder del Centro Democrático (derecha) como posible responsable de los delitos de los que lo acusa la Fiscalía.
Cuadro aseveró que los testimonios de personajes clave, como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, no tuvieron la contundencia necesaria para sustentar una condena contra el jefe opositor.
"La conclusión a la a que se debe llegar es que no hay prueba que permita configurar los presuntos punibles de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La postura que ha dejado de manifiesta este delegado ha sido consistente con la postura de los procuradores que me antecedieron en el cargo y es el resultado de una valoración conjunta y objetiva de los medios de prueba propias de un derecho penal".
Afirmó Cuadro, citado por medios locales.
La posición de la Procuraduría es opuesta a la de la Fiscalía, que el martes pasado pidió a la jueza que lleva el juicio que condene al exmandatario.
Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta un juicio que comenzó el pasado 6 de febrero y todavía no hay fecha para el veredicto.
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Esta querella se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria. Por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello, su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso. Lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada, como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 la Fiscalía decidió acusarlo y el juicio comenzó este año.
Las víctimas del caso consideran que el expresidente, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda.
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