La Corte Constitucional de Colombia determinó este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es competente para investigar al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022, pero sí podrá continuar el proceso contra su coalición de campaña Pacto Histórico.
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El alto tribunal tomó esta decisión al resolver una tutela (recurso de amparo) interpuesta por Petro, quien aseguró que no se le estaba respetando el debido proceso y que la instancia competente para investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por tener fuero.
"El Consejo Nacional Electoral es competente para investigar a las campañas, partidos, movimientos o a cualquier miembro de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos, con excepción del candidato y hoy presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, en función de su fuero".
Señaló la corte.
En la providencia, el alto tribunal también ordenó al CNE que en cinco días remita a la Cámara de Representantes copia de las "actuaciones adelantadas (...) para que esta corporación ejerza las competencias que le corresponden" respecto del presidente.
"Bien por la Corte Constitucional".
Escribió en X Petro tras conocer la noticia.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró en redes sociales que el alto tribunal reconozca "el fuero presidencial al determinar que la única que puede juzgar al presidente Gustavo Petro es la Comisión de Acusaciones".
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La decisión de la Corte Constitucional implica que el CNE seguirá la investigación contra el gerente de campaña de Petro, Ricardo Roa Barragán; la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso; y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.
El CNE es un organismo autónomo e independiente que hace parte de la Organización Electoral junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es el encargado de la vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral.
El origen
Este caso se remonta a octubre de 2024 cuando el CNE abrió una investigación y formuló cargos contra la campaña de 2022, que llevó a Petro a la Presidencia.
Esa fue la primera vez que ese tribunal abrió una investigación formal a una campaña presidencial por la presunta superación de los topes de gastos, que en este caso sumaron más de 5.355 millones de pesos (unos 1,23 millones de dólares de hoy).
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que sumaron 3.709.361.342 pesos (unos 916.000 dólares de hoy), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.
Los aportes supuestamente omitidos fueron hechos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).
Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también el límite de gastos al sumar 1.646.386.773 pesos (unos 411.000 dólares de hoy).
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