La Superintendencia Financiera de Colombia inició investigaciones sobre el traslado de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones, en medio de la controversia que rodea la implementación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional.
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Según la entidad, los recursos ascenderían a COP 8,7 billones y corresponden a 32.803 afiliados que aprovecharon la oportunidad de traslado del régimen privado al público y que ya consolidaron su derecho pensional. De ese total, 24.331 personas ya reciben su mesada a través de Colpensiones, aunque los recursos continúan en manos de los fondos privados.
La Superfinanciera explicó que las investigaciones buscan establecer si hubo incumplimientos en el traslado de los dineros y garantizar la protección de los afiliados.
“Las investigaciones anunciadas permitirán tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano.”
Explicó la entidad.
El choque entre el Gobierno y los fondos privados
La polémica se intensificó luego de que el Consejo de Estado suspendiera parcialmente el Decreto 415 de 2026, norma que fijaba condiciones y plazos para el traslado de estos recursos hacia Colpensiones.
El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión judicial y reiteró que, mientras la reforma pensional permanece suspendida, deben aplicarse las reglas de la Ley 100 de 1993, que establecen que cuando una persona se traslada de régimen, también deben trasladarse sus ahorros.
Desde el Ministerio de Hacienda insisten en que Colpensiones ya comenzó a asumir el pago de las pensiones de miles de ciudadanos sin haber recibido todavía los recursos correspondientes por parte de las AFP.
Por su parte, el artículo 76 de la reforma pensional establece que los recursos de quienes hicieron uso de la oportunidad de traslado permanecerán en los fondos privados hasta que se cumplan los requisitos de pensión. Sin embargo, la discusión jurídica continúa porque parte de la reforma permanece congelada tras las decisiones del alto tribunal.
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