Con la llegada de 2026, muchos inquilinos y propietarios en Colombia se preguntan cuál será el porcentaje máximo permitido para el aumento de los arriendos.
Este es un tema clave para ajustarse a la normativa vigente, evitar incrementos abusivos y mantener una relación justa entre arrendadores y arrendatarios.
De acuerdo con la normatividad colombiana, el ajuste de canon de arrendamiento de vivienda debe regirse por criterios legales especiales que buscan proteger el bolsillo de los hogares, evitando aumentos arbitrarios sin sustento económico.
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En general, estos ajustes se relacionan con indicadores macroeconómicos oficiales, principalmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para determinar hasta qué porcentaje puede incrementarse el valor del arriendo cada año.

¿Qué pasa si se supera el porcentaje?
Si un arrendador decide incrementar el canon de arrendamiento por encima del 11 % sin un acuerdo firmado o sin cumplimiento de requisitos adicionales, el incremento puede ser considerado abusivo o contrario a la ley, lo que permitiría al inquilino llevar el caso ante instancias legales, como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la Defensoría del Pueblo.
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Ahora bien, de acuerdo con estimaciones del Banco de la República, la inflación de 2025 podría cerrar cerca del 5,1 %. Otros analistas económicos calculan que el IPC podría ubicarse un poco más arriba, alrededor del 5,5 %.
Cabe aclarar que, se espera que el IPC sea conocido de manera oficial el viernes 9 de enero, cuando el Dane ya haya realizado todo el proceso de cálculo correspondiente para dictaminar la cifra válida para el 2026.
Recomendaciones para arrendadores y arrendatarios
Las autoridades recomiendan que, bajo la Ley 820 de 2003, se tenga en cuenta:
- Revisar siempre el contrato de arrendamiento antes de aplicar cualquier ajuste.
- Conversar y pactar los incrementos con antelación y por escrito, para evitar conflictos.
- Estén informados sobre los indicadores económicos oficiales, como el IPC, que sirven como referencia para estos aumentos.
Con estas medidas, tanto arrendadores como arrendatarios pueden garantizar un proceso transparente, ajustado a la normativa y beneficioso para ambas partes durante todo 2026.
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