Inicialmente, el Gobierno señaló que se buscará que hasta 10 millones de hectáreas de tierra; equivalentes a 4,4 veces la superficie de un departamento como Cundinamarca o incluso 1,5 veces Antioquia; sean entregadas a campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianos.
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No obstante, aún no se ha establecido la fecha en la que se prevé la ejecución completa, tanto así que la ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que cuatro años no podrían ser suficientes.
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“Vamos con calma, tenemos como meta cumplir el punto uno de La Habana, (10 millones de hectáreas) estamos en el proceso de ir en la dinámica para eso”.
Enfatizó Cecilia López, ministra de Agricultura.
Además, indicó que en el programa serán incluidos 3 millones de hectáreas de tierra nueva, que se traducirían a predios que el Estado aún no tiene y podría conseguir a partir de los que los que se recupere la Sociedad de Activos Especiales, SAE, u otras alternativas.
Adicionalmente, habría otro grupo de 7 millones de hectáreas que corresponderían al plan de formalización. Estos terrenos vendrían de un proceso de reclamación; relacionado a hechos de violencia o porque una familia que ya estaba haciendo uso de la tierra, demostró que era suya y solo faltaba que quedara registro de un título legal.
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Reforma agraria ya habría dado inicio
Por otra parte, la ministra manifestó que la reforma ya habría dado inicio, esto debido a que en las últimas horas anunció la entrega de 681.372 hectáreas; en un proceso que tendría fecha de finalización en el mes de noviembre; esta sería la primera parte del proceso.
“De ese grupo de tierra 10.000 hectáreas son de baldíos que se están adjudicando, el resto son títulos para comunidades negras y campesinos. La reforma quiere formalizar la tierra, entregar a los que no tienen, y reconocer el título y que quienes ya estén en ella, queden allí legalmente”.
Según mencionó el director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Gerardo Vega.
Por su parte, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, Diego Bautista, aseveró que parte de la tierra que se entregue deberá convertirse en fuente de ingresos para sus propietarios, pues “no basta con entregar los títulos de propiedad, pero será suficiente hacer un acompañamiento de generación de ingresos, de economía local y de alimentos de las comunidades, y de vincular las cadenas productivas en sus territorios”.
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