María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley para que en la decisión sobre un aborto, el concepto del padre sea obligatorio y que también, se tenga en cuenta su consentimiento frente a si el embarazo debe continuar.
La ley que propuso la senadora Guerra, tendrá por nombre ‘Ley Juanse’, esto tras el caso de una joven en Popayán, que manifestó tener problemas psicológicos y decidió acceder a la interrupción del embarazo con 7 meses de gestación, pese a que su pareja no estaba de acuerdo.
La senadora ya había manifestado antes que estaba en desacuerdo con las causales que enumera la Corte para avalar el aborto, asegurando que “más bien el Congreso es el que debe legislar sobre estos temas y decidir sobre la vida de un ser que está por nacer” agregando, que para ella aún no hay una legislación vigente.
Cabe resaltar que la sentencia C-355 de 2006 contempla la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo en caso de ser producto de una violación, si hay una malformación del feto, o si constituye un daño físico o mental para la madre.
La coordinadora del Movimiento ‘Católicas por el derecho a decidir’, Sandra Mazo, dijo que, a pesar de que el proyecto está en proceso de estudio, considera que esta medida puede considerarse como un retroceso en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que puede limitar o coartar significativamente la opción de decidir sobre su cuerpo y su deseo de convertirse en madre.
“Es una posición muy compleja, porque yo no me imagino a una mujer violada preguntándole a su agresor si da el consentimiento para que interrumpa su embarazo, además que este proyecto va en contra de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho de las mujeres a decidir”, manifestó la coordinadora del movimiento.
Mazo, también dijo que esta propuesta podría generar una barrera más para las gestantes, para interrumpir voluntariamente un embarazo, dentro de las tres causales que contempla la Corte Constitucional.
Lea también:
https://90minutos.co/carcel-responsable-abuso-violencia-hija-cali-21-07-2020/
Por su parte, la abogada Catalina Calderón, especialista en derecho internacional y líder del movimiento ‘Todos somos una’, manifestó que otro de los riesgos que puede existir con este proyecto es que se ponga la vida del que está por nacer, por encima de la integridad de la mujer gestante.
"En el caso de una mujer que tenga una afectación a su salud física y ponga en riesgo su vida, puede pasar que la otra persona decida salvar la vida del feto y dejar que la mujer muera, lo cual es un retroceso gravísimo a la lucha por los derechos de salud sexual y reproductiva, es algo inconcebible" agregó la abogada.
Según las cifras del Instituto de Medicina Legal, entre el mes de enero y mayo del 2020, se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por delitos sexuales, lo cual equivale al 43,4% de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6.479 fueron realizados a menores de edad. La mayoría de casos han ocurrido en niñas entre los 5 y 9 años y 10 y 14 años. La población indígena y negra de la nación es la más vulnerable ante estos hechos.
Le puede interesar:
https://90minutos.co/pico-gobernacion-llama-cuidado-responsabilidad-valle-22-07-2020/
