La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a gobernadores, alcaldes y entidades nacionales para fortalecer las acciones de gestión del riesgo y garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.
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La advertencia fue emitida a través de la Circular 002 de 2026, en la que el Ministerio Público pidió activar medidas preventivas frente a posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias, incendios forestales y otros fenómenos naturales que podrían afectar la jornada electoral del próximo 31 de mayo.
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La entidad señaló que las autoridades territoriales tienen la responsabilidad de implementar estrategias de prevención en municipios y departamentos donde existan amenazas por inundaciones, deslizamientos o afectaciones climáticas.
Entre las recomendaciones entregadas por la Procuraduría se encuentra la realización de inspecciones técnicas en los puestos de votación y la preparación de planes de contingencia para una posible reubicación de mesas electorales en zonas de riesgo.
Procuraduría pide coordinación entre entidades
El órgano de control también solicitó a las gobernaciones activar los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo para monitorear amenazas hidrometeorológicas y apoyar a los municipios con menor capacidad de respuesta.
Asimismo, la Procuraduría pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emitir alertas tempranas y lineamientos técnicos que permitan proteger la infraestructura utilizada durante el proceso electoral.
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Otra de las solicitudes fue dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad a la que se le recomendó fortalecer los protocolos de emergencia y capacitar a jurados y funcionarios sobre cómo actuar ante posibles contingencias climáticas durante la jornada de votación.
El procurador general, Gregorio Eljach, ha insistido en la necesidad de garantizar unas elecciones seguras y con plenas garantías para los ciudadanos.
La Procuraduría también recordó que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo podría convertirse en una falta disciplinaria grave para las autoridades responsables.
El ente de control aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las medidas adoptadas por las entidades territoriales y nacionales para asegurar la transparencia y normalidad de las elecciones presidenciales de 2026.
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