Ernesto de Jesús Espinosa, presidente de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, explicó los detalles y el fundamento legal de la decisión que impuso una sanción de 10 años al excanciller Álvaro Leyva.
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¿Por qué fue suspendido Álvaro Leyva?
Según Espinosa, esta medida responde a una falta disciplinaria que afectó el patrimonio público al declarar desierta una licitación sin justificación conforme a la ley, pese a la existencia de un oferente que cumplía con los requisitos.
Espinosa insistió en que la sanción no responde a motivaciones políticas, sino a una rigurosa revisión del caso.
Las diferencias con el caso de Karen Abudinen
Durante la entrevista, se cuestionó a Espinosa sobre las diferencias entre la sanción impuesta a Leyva y la decisión de archivo en el caso de la exministra de las TIC, Karen Abudinen.
Espinosa señaló que, aunque ambas situaciones parecen similares, son en realidad distintas en sus fundamentos.
En el caso de Abudinen, según explicó, no hubo una responsabilidad directa de la ministra sobre el conocimiento de irregularidades en las pólizas de contratación, mientras que Leyva, en su rol, tuvo dominio sobre la decisión de la licitación que llevó al fallo en su contra.
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Decisión en debate: ¿Fue justa la sanción?
La decisión, adoptada en primera instancia por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, fue debatida y discutida por sus tres integrantes.
Sin embargo, al momento de la lectura de la sanción, solo dos de ellos estuvieron presentes, situación que Leyva cuestionó, argumentando una posible vulneración del reglamento.
Según Espinosa, este procedimiento fue completamente válido conforme a los reglamentos internos de la Procuraduría.
¿Hay sesgo político en la decisión?
La suspensión de Leyva ha generado opiniones divididas, con algunos sectores sugiriendo una posible politización del caso.
Leyva ha manifestado su desacuerdo, argumentando que la Procuraduría se ha alineado en contra del gobierno actual.
Al respecto, Espinosa sostuvo que el proceso y la sanción están basados en pruebas documentadas y en un análisis jurídico detallado, sin intención política.
Según el procurador, el fallo representa una respuesta a hechos objetivos y probados, y no un intento de perseguir al excanciller.
Lo que sigue para Leyva
Leyva ya ha anunciado su intención de apelar la sanción, lo cual llevaría el caso a una segunda instancia dentro de la Procuraduría.
Espinosa afirmó que cualquier ciudadano o funcionario tiene el derecho a impugnar una decisión disciplinaria, y será la siguiente instancia la que confirme o revoque el fallo emitido.
Para el procurador, la decisión busca fortalecer la credibilidad de la Procuraduría y la aplicación justa de la ley.
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