La Procuraduría alertó una posible violación de los derechos de las víctimas en acciones de búsqueda dadas por desaparecidas que se llevarán a cabo en 27 cementerios de Quindío y Risaralda. Este pronunciamiento se llevó a cabo después de una audiencia de la Justicia Especial para la Paz, JEP, que se llevó a cabo la última semana.
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En un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, el procurador delegado frente a la JEP, Jairo Acosta, indicó que se evidencian deficiencias en la operación de los mecanismos propuestos a la fecha para avanzar en la busqueda de desaparecidos en el Eje Cafetero. El funcionario señaló que "mal pueden seguirse tramitando esas necesidades de una manera fragmentada, individual, focalizada en los territorios, ya que se rebasó la capacidad de respuesta de una audiencia de medida cautelar focalizada o territorializada”.
¿Qué señala el procurador encargado frente a esto?
Adicionalmente, el procurador señalo que esta vulneración puede presentarse cuando se da una violación “masiva, generalizada, sistemática y estructural de los derechos fundamentales”. Por eso, el vocero del ministerio público formuló cuatro solicitudes:
- Adelantar las diligencias necesarias para que las autoridades locales, regionales y nacionales responsables; para que adopten nuevas estrategias a fin de dar cumplimiento a los compromisos de búsqueda.
- Adelantar dos grandes audiencias; la primera con gobernaciones, alcaldías, entre otras instituciones; para evaluar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en esta materia, y precisar qué falta por hacer en cada territorio. La otra audiencia con instituciones del nivel nacional comprometidas con el Sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas; con el propósito de establecer competencias, límites, canales de interacción y protocolos.
- Definir protocolos de actuación para cada entidad para evitar procesos fraccionados.
- Solicitar a las autoridades de Trujillo y Riofrío, en el Valle del Cauca, revelar la información que facilite el proceso de búsqueda de las víctimas.
El procurador afirmó que era “grave y sintomático” el bajo nivel de acreditación de las víctimas del conflicto armado dentro de la JEP.
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